El Gobierno endureció este lunes el tono para insistir en que no prorrogar el estado de alarma en vigor desde el pasado 14 de marzo supondría dejar España en una situación de "caos". Y lo cierto es que, si bien las administraciones seguirían teniendo instrumentos para llevar a cabo el desconfiniamiento, los juristas consultados advierten de que serían las comunidades las responsables de tomar todas las decisiones, lo que podría provocar muy diferentes procedimientos y ritmos para la desescalada en cada autonomía.
¿Qué efecto inmediato tendría el fin de la alarma?
La nueva prórroga del estado de alarma se vota este miércoles en el Congreso de los Diputados, y su aprobación esta vez no está nada clara. ERC ya ha anunciado que votará en contra porque exige la devolución de las competencias temporalmente centralizadas, el PNV se lo está pensando y el PP aún no ha decidido si rechazará la prórroga o se abstendrá. Pero una cosa está clara: si el Congreso no da luz verde, las medidas de excepcionalidad decaen.
Eso "implicaría automáticamente acabar con el mando único", es decir, que las competencias sanitarias que asumió el Estado en marzo volverían a las comunidades y el Gobierno central ya no podría dar órdenes directas a las autonomías, según explica Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Serían ellas las que tendrían a partir del miércoles todo el poder de decisión para marcar las reglas y los tiempos del desconfinamiento en sus territorios. Y también podrían decidir la reapertura de locales o la vuelta a las clases si así lo considerasen oportuno.
¿Se podrían seguir restringiendo los movimientos?
Según Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, sí, pero será competencia autonómica hacerlo, por lo que las actuales restricciones de la libre circulación quedarían anuladas hasta que se dictaran nuevas disposiciones autonómicas, que además serían mucho más limitadas que el actual confinamiento general. Antes del estado de alarma, las comunidades "ya prohibieron salir de Igualada (Barcelona), Labastida(Álava) o, incluso, confinaron a 1.000 personas en un hotel de Tenerife", recuerda Arbós.
Si el estado de alarma decayera, las autonomías podrían volver a aplicar estas medidas en la parte de sus territorios que considerasen, sostiene Arbós, aunque parece mucho más complicado jurídicamente limitar los desplazamientos entre provincias. Arbós explica, además, que tanto el confinamiento del estado de alarma como el que podría ponerse en marcha por parte de las comunidades suscitan dudas jurídicas. En el primero de los casos, considera, la legitimidad se la da la posibilidad de que el Congreso lo anule, mientras que un confinamiento dictado por una autonomía podría ser invalidado por la justicia.
¿Qué papel jugaría el Estado?
Al volver las competencias sanitarias a manos de las comunidades, el Estado tendría un papel meramente coordinador, pero la decisión última en lo relativo a los planes de desescalada sería de cada autonomía. Los juristas consultados señalan que, como mucho, el Gobierno podría dictar normas o "pautas generales". "No habría obstáculos para dar orientaciones o guías", apunta Urías, pero siempre desde un rol de organización y no de mando directo.
¿Qué pasaría con la desescalada por fases?
Si las competencias temporalmente centralizadas vuelven a las comunidades, eso significa que cada una podrá elaborar su propio plan de desconfinamiento, basado en las zonas territoriales que quiera y con los tiempos que les parezca. Es decir:en la práctica, la desescalada por fases diseñada por el Gobierno quedaría apartada, salvo que hubiera un acuerdo de todos los Ejecutivos autonómicos para aplicarla, algo que parece complicado dado que muchos no están de acuerdo con que la referencia sea la provincia o con la velocidad de su desescalada.
¿Decaerían las medidas sociales y económicas del Gobierno?
Algunas de ellas, sí, dado que en los decretos se establece su vigencia hasta el fin del estado de alarma. Es el caso, por ejemplo, de la prestación por cese de actividad de los autónomos, cuya duración está vinculada a las medidas de excepción.El Gobierno, no obstante, podría publicar nuevos decretos que modificaran las normas ya vigentes para adecuarlas a la nueva situación.
Comentarios