La primera pata de la reforma fiscal a la que se comprometió el Gobierno en su acuerdo de investidura está un poco más cerca. El Congreso rechazó este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Cs al proyecto de ley para crear un impuesto a las empresas tecnológicas, la conocida como tasa Google. Y, con ello, el Ejecutivo se apunta un primer triunfo en política fiscal y supera el primer escollo parlamentario para la aprobación de ese impuesto.
La tasa Google no está ni mucho menos aprobada todavía, ya que el proyecto del Gobierno tendrá que seguir ahora su tramitación en el Congreso. Pero que el Ejecutivo y sus socios hayan impuesto su mayoría para derrotar el intento de la oposición de parar el texto supone un espaldarazo a la política fiscal que quiere implantar el presidente Pedro Sánchez, que contempla no solo la creación de este impuesto, sino también la implantación de otros (medioambientales, por ejemplo) o la reforma de figuras como el impuesto de sociedades.
El Gobierno reunió el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, Más País, BNG o Compromís a un proyecto que pretende que las grandes empresas tecnológicas que facturen a nivel mundial más de 750 millones de euros al año tengan que tributar el 3% de sus ingresos obtenidos por la publicidad mostrada a sus usuarios, los servicios de intermediación online y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
Según recordó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este impuesto no se aplicaría a las pymes, y tampoco al comercio electrónico minorista. Y, para Montero, el inicio de su tramitación "abre el camino hacia una nueva fiscalidad del siglo XXI, justa y progresiva", cuya reforma sigue en los planes del Gobierno pese a la crisis del coronavirus.
La ministra defendió que es precisamente en un momento de crisis cuando el Estado tiene que reafirmar su capacidad recaudatoria para poder financiar los servicios públicos. Insistió en que "reducir impuestos no genera crecimiento, hace que sea más débil el Estado del bienestar". Y afeó a la oposición que "desde la declaración del estado de alarma" no haya "dejado de reclamar mayor gasto público" y, a la vez, PP, Vox y Cs se declaren "objetores de una nueva fiscalidad". "Reconozcan sin tapujos la evidencia de que sin un sistema fiscal justo no hay prestaciones sociales, sanidad o educación", les exigió.
PP y Cs critican el momento
No obstante, los tres principales partidos de la derecha defendieron sus enmiendas a la totalidad (es decir, el derribo del texto del Gobierno) planteando justo lo contrario: que en un momento de crisis, las empresas -también las multinacionales, como las que se verán afectadas por el impuesto- deben ser beneficiadas con bajadas impositivas, en lugar de con aumentos. Casi con esas mismas palabras lo defendía el PP en su enmienda, en la que planteaba que "es muy obvio que las medidas fiscales deben ir por rebajas y no por subidas".
En su enmienda, el PP denunciaba que una reforma fiscal como la que plantea el Gobierno sería "la puntilla" para la economía española. Y así lo defendió en el pleno asegurando que la "demagogia" del Ejecutivo pone "en riesgo los sectores productivos" de España. Los conservadores defendieron que obligar a pagar a las multinacionales digitales por sus ingresos en España supondrá que los costes terminen revirtiéndose en el usuario, si bien aseguraron no estar en contra del impuesto, sino de que se aplique sin esperar a que sea pactado en la UE.
Argumentos muy similares utilizó Cs, que aseguró estar "de acuerdo con que se pongan en marcha estos impuestos, pero no con el momento". "Tienen que bajar el gasto público, dejar de crear altos cargos y adelgazar el gobierno mastodóntico que tienen, así se superan las crisis, no creando nuevos impuestos", espetó sin embargo el partido naranja a Montero, a quien advirtió de las "posibles represalias" de EEUU por obligar a sus empresas a que paguen impuestos en Europa.
Vox vaticina una "masiva subida de impuestos"
Vox, por el contrario, rechazó el impuesto de plano, sin hacer hincapié en el momento en el que se aprueba ni en la falta de correspondencia en otros países europeos. La tasa Google, afirmó la formación ultraderechista, supone el "pistoletazo de salida de la masiva subida de impuestos que nos espera a todos los españoles", pese a que el impuesto solo afectará a las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros a escala mundial.
"Ustedes cuadran las cuentas esquilmando a los empresarios y a los españoles mientras mantienen sus privilegios", acusó Vox, que coincidió con PP y Cs en asegurar que "este impuesto lo acabará pagando el consumidor final" y advirtió de que "un país con una presión fiscal alta tendrá problemas para atraer inversiones".
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