Quedan pocas Conferencias de Presidentes telemáticas –el 21 de junio será la última– pero las discrepancias entre Gobierno y comunidades siguen siendo una constante. En la de ayer, varios presidentes se rebelaron contra los cambios que ha introducido el Gobierno a última hora en el fondo de 16.000 millones para ayudar a las comunidades a afrontar los gastos por la pandemia. 

La distribución no se hará solo en función de la incidencia del virus como estaba previsto. También atenderá al criterio de población, que beneficia a Andalucía o la Comunidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig y muy beligerante con la gestión de la desescalada. También a la Comunidad de Madrid, aunque esta se vería beneficiada si solo se tomara en cuenta el criterio de incidencia, al ser quizá el territorio más afectado.

Pedro Sánchez provocó ayer la indignación de los presidentes de Cataluña, Galicia, Aragón Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Cantabria por introducir el factor población. Lo consideraron desde "injusto" hasta un "castigo" añadido a comunidades muy afectadas por el virus.

El castellanomanchego Emiliano García-Page cree que el fondo debe ser "dinero para Covid" y que deben contarse los casos reales –con su comunidad

como una de las grandes afectadas–, no los que se puedan dar en el futuro. "Es de justicia que se mantenga en el primer cupo de reparto como mínimo lo que

estaba establecido en función del gasto", defendió ayer sobre el primer tramo, de 6.000 millones, que las comunidades empezarán a recibir en julio. 

Coincidió con el catalán Quim Torra. Aunque Cataluña es una comunidad muy poblada, denunció que el cambio de criterio es un "nuevo recorte" y responsabilizó a Sánchez de "asfixiar a Cataluña".

El gallego Alberto Núñez-Feijóo y el castellanoleonés Alfonso Martínez Mañueco acusaron al presidente de "penalizar" a comunidades poco pobladas que, o bien "mejor gestionaron la pandemia", según dijo Feijóo, o "más han sufrido con ella", como es el caso de Castilla y León. 

El aragonés Javier Lambán tildó de "profundamente injusto" beneficiar a comunidades más pobladas. En las que lo están menos, los servicios sanitarios o educativos "cuestan hasta tres veces más".

Precisamente por eso, ayer tampoco se entendió otro cambio de última hora en el ‘fondo Covid’. El Gobierno ha eliminado una partida de 1.000 millones que iba a destinarse a sufragar gastos sociales. Según dijo en mayo su portavoz, María Jesús Montero, iba a ser para "atender a las personas más vulnerables", incluida la financiación de residencias de mayores.

Pero ha eliminado de un plumazo el fondo y lo ha sustituido por uno dedicado a la educación, valorado en los 2.000 millones. Lambán pidió a Sánchez que "reconsidere" su postura sobre los fondos a políticas social. Su desaparición "plantea un problema serio para las comunidades que ya habían planificado". Según Fernández Mañueco, "para afrontar sobrecostes en Educación y Transporte, lo justo es que se hubiese tenido en cuenta la incidencia de la pandemia, la población envejecida y otros factores como la dispersión poblacional".

Como el andaluz Juanma Moreno, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no valoró los nuevos criterios pero sí advirtió a Sánchez del daño que está haciendo a la economía de la Comunidad el retraso en el paso de las fases de desescalada. Le pidió una mesa de diálogo para Madrid. "Al estar retrasados en las fases, nuestra economía se resiente y universidades, colegios y ayuntamientos tienen problemas añadidos"