La ministra Isabel Celaá se ha reunido este jueves con los consejeros de Educación en la cuarta Conferencia Sectorial que celebran desde el decreto del estado de alarma. En el encuentro se ha abordado la vuelta a clase en septiembre y han quedado patentes las reticencias de algunas comunidades al plan anunciado este miércoles por el Gobierno con pautas para evitar el contagio por coronavirus. 

Además de ese documento base con medidas sanitarias, Celaá ha presentado a los representantes autonómicos un acuerdo educativo con catorce puntos genéricos que ha sido suscrito por todas las regiones, a excepción de Madrid y País Vasco. El Ejecutivo madrileño considera que no resuelve "los graves problemas para el inicio de curso", mientras que desde Vitoria se esgrimen cuestiones competenciales.  

"Quedan más de dos meses para el nuevo curso, muchísimo desde el punto de vista epidemiológico, pero nuestra responsabilidad es organizar la actividad educativa para que la vuelta a la escuela sea segura y sostenible", ha apuntado Celaá tras la reunión. La ministra ha recordado que las comunidades mantienen "intactas" las atribuciones en Educación y que la labor del ministerio es "recomendar y propiciar marcos generales".

El acuerdo alcanzado establece que el año académico comenzará en las fechas habituales de septiembre y que se mantiene en 175 el mínimo de jornadas lectivas, con la posibilidad de que sean adaptadas a las circunstancias concretas de cada centro. Asimismo se apostará por la educación en las aulas, toda vez que la online "no puede sustituir la socialización ni la interacción de los alumnos ni entre ellos ni con los docentes". 

"Seguro que han podido desarrollar otras destrezas durante el confinamiento y que ha habido otros aportes en términos cognitivos, emocionales y de maduración. Pero esta situación ha generado brechas de desigualdad", ha señalado Celaá. "Hemos aprendido mucho y hemos afianzado algunas certezas, entre ellas que la escuela es insustituible como herramienta para la equidad y como motor de prosperidad", ha agregado.

En esta línea, la ministra ha asegurado que pondrán "el énfasis en la presencialidad", pero sin abandonar la digitalización del sistema educativo como "medida subsidiaria". Para ello su departamento va a poner en marcha un programa de cooperación territorial que permita mejorar la dotación de equipamiento tecnológico de los centros y de los estudiantes. Este convenio, que se desarrollará junto con el Ministerio de Asuntos Económicos, se presupuestará al margen de los 2.000 millones de euros que las comunidades recibirán para destinar a educación. Un segundo programa de cooperación se dirigirá a la recuperación y el refuerzo del alumnado y de los centros con más dificultades para afrontar "situaciones anómalas". 

El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha tildado ese fondo económico de 2.000 millones de "insuficiente" y ha argumentado que solo se ha contemplado para el último trimestre de 2020. Respecto al acuerdo de 14 puntos ha afirmado que "no sirve para nada" y que solo contiene "obviedades". "Recoge lo que todas las comunidades ya estamos haciendo. No resuelve los graves problemas que tenemos para el inicio de curso, como los espacios y el profesorado", ha manifestado para argumentar su voto en contra. 

Ossorio ha afirmado que la Comunidad no puede comprometerse con los catorce puntos planteados si no se flexibilizan algunas medidas del real decreto que regulará la nueva normalidad y del texto con pautas sanitarias de cara a septiembre. Este último documento, conocido el miércoles, también se ha tratado durante la Conferencia y Celaá se ha afanado en aclarar que es un borrador sobre el que esperan "aportaciones". "Ha habido sugerencia de flexibilidad y las trasladaremos a Sanidad", ha asegurado, aunque ha recordado que no mantener la separación interpersonal supondría estar incumpliendo la ley.

"En Primaria, con la distancia de 1,5 metros era factible hacer grupos de 23 alumnos pero este borrador los reduce a 15 y como máximo 20. Ese máximo por aula es letal para una vuelta normal al curso", ha sentenciado Ossorio sobre un texto criticado también por Cataluña. La Generalitat advierte de que, superado el estado de alarma, las competencias para dictar medidas sanitarias serán suyas.

Desde el País Vasco, la consejera Cristina Uriarte ha indicado por su parte que el País Vasco gestionará sus competencias en el ámbito educativo y que el Ejecutivo del que forma parte ya está trabajando con los diferentes agentes de cara a la planificación del nuevo curso escolar.