Treinta años después de la operación Nécora (12 de junio de 1990), la lucha contra el narcotráfico continúa en tierras gallegas. Tanto, que ese mismo día (tres décadas después), efectivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco Central) detenían en Leganés (Madrid) a un funcionario de aduanas, asestando un golpe definitivo al clan de los Santórum, uno de los más potentes del narcotráfico gallego y a nivel nacional.
La operación policial, según han contado a 20minutos.es fuentes de la investigación, ha culminado este mismo domingo con la entrada en la prisión madrileña de Soto del Real del funcionario, que actuaba como topo y recaudador de la organización y a las órdenes directas del narco Juan Carlos Santórum, (único miembros de la organización que permanece huido y sobre el que pesa una orden de busca y captura).
El seguimiento al funcionario se inició hace meses, cuando su alto nivel de vida despertó las sospechas de los agentes de la Udyco. Tras muchos meses de trabajo, fue el 26 de abril cuando el apresamiento en alta mar de un barco cargado con 4.5 toneladas de cocaína iba a dar el espaldarazo definitivo a la investigación, bautizada como operación Donky.
La semana pasada fue cuando, durante un seguimiento, los investigadores interceptaron al funcionario y a su pareja en Madrid, donde fueron detenidos en un piso de Leganés, al que habían acudido para, según las pesquisas, cobrar en metálico alrededor de 350.000 euros, cantidad que intervenida en una mochila en la vivienda, junto al menos cinco kilos de cocaína lista para su distribución.
Allí, fueron detenidos también un hombre colombiano y su pareja sentimental, una mujer de la misma nacionalidad, a la que el juez ha dejado en libertad sin cargos al no poder determinar su vinculación con la trama mafiosa.
Los otros tres detenidos, el funcionario y su pareja y el varón colombiano, todos entorno a los 40 años de edad, fueron trasladados a prisión provisional acusados de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
El funcionario estaba destinado en el Servicio de Vigilancia Aduanera de Vilagarcía de Arousa desde hace aproximadamente una década y antes prestó servicios insulares en el mismo cuerpo aduanero. Las diligencias judiciales continúan bajo secreto de sumario.
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