La crisis por el coronavirus arrastrará a 700.000 personas más a la pobreza

Aroa, auxiliar del sistema de dependencia. Fernando, rider. Amalia, empleada del hogar. O Cristina, médica. Cuatro trabajadores esenciales, con un alto grado de exposición al coronavirus, cuya situación laboral es precaria. Cuatro trabajadores reflejo de los millones de ciudadanos que cobran el salario mínimo, son falsos autónomos, se encuentran en la economía sumergida o encadenan decenas de contratos temporales. Ciudadanos que corren el peligro de verse duramente golpeados por la crisis económica y social que deja la pandemia.

Estos cuatro testimonios han sido recogidos en un informe sobre pobreza y desigualdad en España en el marco de la Covid-19 elaborado por Oxfam Intermón. El estudio estima que, con un aumento esperado de la tasa de paro del 13 al 19% y una caída del PIB del 9% en 2020, el número de pobres podría aumentar en más de 700.000, hasta los 10,8 millones. Ese crecimiento supone una subida de la pobreza relativa de 1,6 puntos, llegando al 23,1% de la población.  

"Estos números pueden llevarnos a engaño, pues la fuerte caída en el PIB también supone una importante caída del umbral de pobreza. Considerando constante ese umbral, la pobreza relativa podría llegar a alcanzar al 26%, es decir, a más de 12,3 millones de personas", alerta la ONG. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2018 establecía el umbral de pobreza de los hogares con una persona en 8.871 euros anuales y el de las familias con dos adultos y dos menores de 14 años en 18.629.

Bajo el título Una reconstrucción justa y necesaria es posible, el documento augura un importante incremento de la desigualdad, "como resultado del diferente impacto económico y social, que afecta de manera especial a las rentas más bajas". El aumento del desempleo será asimétrico, perjudicando más a las personas con menos recursos, lo que se traducirá en una mayor pérdida relativa de renta entre aquellos con menores ingresos. En términos proporcionales, el decil más pobre de la población podría llegar a perder más de ocho veces la renta que pierde el decil que mayores retribuciones percibe.

En ese contexto, el índice de Gini, por el que se mide la desigualdad, pasará del 32,5 al 34,5. "Puede parecer poco. Sin embargo, el año que más aumentó durante la pasada crisis económica, entre 2012 y 2013, apenas lo hizo en un punto", explican y lamentan que ese incremento supondría "echar por la borda cuatro años consecutivos de tímida reducción".

"Tenemos que garantizar los derechos de quienes han garantizado nuestra supervivencia y han resultado imprescindibles frente a un modelo económico que hasta ahora les había dado la espalda. Muchos son migrantes, como las trabajadoras que han cuidado de nuestras ancianas y ancianos: una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza y solo una cuarta parte está registrada en la Seguridad Social", señala Lara Contreras, responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón.

La entidad insta entre otras cuestiones a resolver "de manera inmediata" todos los expedientes de asilo pendientes y que superan los 133.000. Estos solicitantes reciben una tarjeta roja que acredita que su petición ha sido admitida a trámite y que les permite trabajar pero se quejan de que no suele ser fácil lograr un empleo decente porque "nadie la conoce" y, al tener que ser renovada cada seis meses, las empresas no se arriesgan a contratarlos.

La ONG no olvida que esta pandemia es global, por lo que también exige compromisos "a una escala nunca vista" para un plan mundial de salud pública y un rescate económico universal. La Covid-19 podría incrementar en 500 millones el número de pobres en el mundo.

Recaudar al menos 10.000 millones más

Oxfam Intermón propone medidas "para que esta crisis no la paguen los trabajadores esenciales, que son a la vez los más precarios y entre los que personas migrantes y mujeres están sobrerrepresentadas".

Impuestos. La organización critica que la recaudación fiscal siga estando en España cuatro puntos por debajo de la media de la UE y plantea iniciativas que supondrían unos ingresos de al menos 10.000 millones adicionales. Entre las extraordinarias figuran un impuesto a las transacciones financieras más ambicioso que el que se debate en el Congreso, que las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable y un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios. Entre las estructurales habla de reformar el impuesto al patrimonio para que cumpla su función redistributiva, aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital en el IRPF o que el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades sea de al menos el 15% por parte de las grandes compañías.

Empleos dignos. La reducción de la precariedad pasa por reformas que "den mayor peso a sectores de más valor añadido, aprovechando la transición ecológica, la expansión del estado del bienestar y la digitalización de la economía". La ONG también propone procedimientos de contratación por parte de las administraciones que eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación; revertir algunos cambios de la reforma laboral de 2012; mejorar la capacidad de denuncia de las irregularidades y negociación de los empleados en situación más frágil; el aumento de la inversión pública en el servicio de cuidados o la firma de un convenio para el empleo del hogar.

Derechos de los migrantes. La organización defiende un proceso de regularización administrativa "amplio y extraordinario", que incremente el acceso al permiso de trabajo y residencia, así como garantizar el Ingreso Mínimo Vital a grupos vulnerables, solicitantes de asilo y familias con hijos, independientemente de su situación administrativa: "Un esquema de renta garantizada, más amplio y ambicioso, estimado en 6.400 millones de euros, permitiría que cuatro millones de personas saliesen de la pobreza severa".