Aumentan los 'escraches' vecinales contra pisos de okupas en Cataluña

En las últimas semanas, varios grupos de vecinos de distintas localidades catalanas se han organizado para protestar y pedir la marcha de migrantes, acusándolos de problemas de inseguridad. La última tenido lugar este lunes en Llançà (Girona), cuando los Mossos d'Esquadra se han tenido que llevar escoltados a unos jóvenes migrantes que estaban siendo increpados por vecinos. Se habían concentrado en la puerta de la vivienda que ocupaban con gritos de "Fuera del pueblo", además de algunas consignas racistas.

Los vecinos de Llançà consideran que desde hace dos semanas ha aumentado la inseguridad en el municipio por distintos robos nocturnos en el interior domicilios y atribuyen los delitos a los jóvenes, algunos de los cuales ya han abandonado el municipio.

Tres casos en ocho días

Solo un día antes, el domingo, se supo de otra protesta similar: la de 120 vecinos de Mataró que querían echar a una familia de okupas, que supuestamente tenía "atemorizados" a una pareja de ancianos. Esta concentración, no obstante, se desarrolló con un clima más tranquilo y, finalmente, las dos partes llegaron a un acuerdo para desconvocarla. Igualmente, se oyeron gritos como "fuera, fuera" o "que den la cara". En este caso, los ocupantes eran nacionales, según fuentes de la policía local a las que ha tenido acceso este diario.

El Ayuntamiento de Mataró emitió un comunicado el mes pasado donde rechazaba la creación de patrullas ciudadanas y recordaba que la responsabilidad de la vigilancia es exclusiva para los cuerpos de seguridad. Así mismo, alertó que las patrullas ciudadanas "comportan riesgos importantes para las personas, tanto en cuestiones de seguridad como jurídicas".

El lunes 15 de junio también supimos de otro caso en Premià de Mar, donde una 'patrulla ciudadana' asaltó un piso okupa con inmigrantes y se enfrentó a los Mossos. El suceso se saldó con cinco agentes heridos y dos personas detenidas.  

En aquél momento, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, aseveró que "nadie se puede tomar la justicia por su mano" y que estas actuaciones "no las podemos normalizar, no son de una sociedad democrática".

Debido al creciente clima de crispación entre los vecinos, el alcalde de Premià, Miguel Ángel Méndez, denunció ante el Estado y la Generalitat la presencia "incontrolada" de jóvenes migrantes en el territorio, quienes al llegar a la mayoría de edad "se quedan sin casa ni trabajo". También se mostró en contra de la okupación indiscriminada de viviendas, que genera "importantes problemas de convivencia" y pidió un endurecimiento del Código Penal para hacer frente a la multirreincidencia delictiva, un problema que asegura crea "frustración entre las fuerzas de seguridad y los vecinos".