Los nueve presos del 'procés' podrían obtener pronto el tercer grado. Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y de Mujeres de Barcelona Wad-Ras han acordado por unanimidad en todos los casos poponer el tercer grado en todos los casos. Lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia, Amand Calderó, quien ha presentado la propuesta que se hace cada seis meses para cualquier recluso.

La decisión concierne al exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Todos ellos tienen a día de hoy el 100.2 del reglamento penitenciario que les permite salir por trabajo o voluntariado.

El tercer grado permitiría a los condenados por el Tribunal Supremo a acceder a la "semilibertad", y solo tendrían que ir a dormir a la cárcel de lunes a viernes, mientras que el fin de semana podrían pasarlos fuera de los centros. Igualmente, Calderó ha recordado que "el tercer grado es una forma más de cumplimiento de la pena" y que los presos "continúan privados de libertad, con todos los movimientos controlados".

Ahora los equipos de clasificación tienen dos meses para analizar las propuestas   y la Fiscalía podría recurrirlas, en primer lugar ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo. Sobre este asunto, Amand Calderó ha apuntado que los juzgados solo tumban el 7% de las clasificaciones de las juntas de las cárceles.

"Seguimos siendo presos políticos"

Los presos independentistas no han tardado en reaccionar a la decisión, así como algunos líderes políticos. Por su parte, Oriol Junqueras ha valorado a través de Twitter que el tercer grado es "Un paso más, pero seguimos siendo presos políticos".

El exvicepresident de la Generalitat y líder de ERC ha insistido en que quieren la libertad a través de la amnistía porque se consideran inocentes y ha asegurado que no renunciarán a sus convicciones ni objetivos "por mucha injusticia que apliquen".

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tampoco renuncia a sus convicciones y ha publicado lo siguiente: "Hicimos lo que teníamos que hacer. Y sigo totalmente convencido de la legitimidad de la lucha no violenta y la desobediencia civil como a instrumentos para transformar la sociedad. Ningún tribunal nos impedirá ejercer los derechos fundamentales".

Siguiendo la misma línea, La exconsellera Dolors Bassa ha afirmado también a través de un tuit que continua siendo presa política "con el grado que sea" y que el tercer grado "puede ser una brizna de aire fresco, pero no es definitivo. Yo quiero, necesito y espero la libertad", ha añadido.

El exconseller Josep Rull ha tuiteado que continua "Con nuestras convicciones más fuertes que nunca" y ha recordado "Que nadie se equivoque: estamos hablando de una clasificación penitenciaria. El tercer grado es cárcel".

Jordi Turull ha sido el más breve, publicando un mensaje en el que ha dicho "Seguimos y con mayúsculas. #LlibertatPresosPoliticsiExiliats"

Tampoco ha faltado la reacción del president de la Generalitat, Quim Torra, quien ha publicado el siguiente mensaje: "Nunca tendrían que haber sido juzgados, nunca tendríamos que haber entrado en la cárcel, tampoco deberíamos seguir ne la cárcel. ¿Tercer grado? ¡Libertad!", y ha mandado "fuerza" a los nueve presos.

30 funcionarios revisan cada caso

A pesar de las críticas que ha levantado la decisión de las juntas entre miembros de partidos opuestos al independentismo, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia, Amand Calderó, ha hecho un llamamiento a la confianza en los profesionales de prisiones de la Generalitat, y ha explicado que cada revisión implica "la faena de una treintena de personas" y ha precisado que se trata de "funcionarios independientes, que toman decisiones que se ajustan a la ley y no obedecen ninguna consigna política".

Entre las condiciones que se tienen en cuenta para proponer o no un cambio de grado, los funcionarios valoran la conducta, la adaptación al centro y a las distintas actividades, las condiciones del entorno, familia, trabajo, la ausencia de antecedentes, la parte de la pena ya cumplida, el riesgo de reincidencia y el cumplimiento de objetivos marcados por la junta. 

Además, Calderó ha recordado que, aunque Cataluña sea el único territorio del Estado con la competencia de las prisiones, está sujeta al mismo marco legal que las cárceles de toda España, el cual estipula que "En ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión", tal y como indica el artículo 72 de la Ley Penitenciaria de 1979.