El aumento de los rebrotes en España, que mantiene a casi todas las Comunidades con nuevos casos activos de coronavirus, ha abierto la puerta a un nuevo confinamiento para para frenar la expansión del virus. Sin embargo, tal y como han dejado claro tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no se plantea un confinamiento general como el que vivimos el pasado mes de marzo y que requiere la declaración del estado de alarma, sino que pueden establecerse confinamientos selectivos.

Este tipo de confinamientos, también llamados quirúrgicos, aunque la Fundéu prefiere el primer término, consiste en el aislamiento de territorios concretos, que pueden ser desde localidades o municipios, hasta barrios o incluso edificios o residencias que estén afectadas por el coronavirus, en este caso.

Sanidad sugiere "confinamientos selectivos" en Lleida pero Salut lo niega

De hecho, el Gobierno cántabro ya utilizó este recurso para controlar uno de los primeros rebrotes que se produjeron tras la suspensión del estado de alarma y que afectó a un bloque de viviendas de Santander. Tras detectar 13 casos positivos de coronavirus en un mismo edificio, la Consejería de Sanidad decidió aislar a todos sus vecinos durante 10 días.

Los gobiernos autonómicos pueden llevar a cabo este tipo de mecanismos, recogidos en la Ley General de Salud Pública de 1986 al tratarse de confinamientos "más locales y territoriales". En su artículo 28, la ley permite desarrollar "acciones sobre los factores desencadenantes de los riesgos y, cuando proceda, de acuerdo con la normativa específica mediante procedimientos de control oficial" y someter a "análisis los riesgos derivados de la exposición de las personas al entorno en el que viven y a los agentes presentes en el medio que puedan afectar a su bienestar físico, mental o social".

Además, en entre las medidas especiales recogidas en el artículo 54, contempla ante situaciones de extrema gravedad, "la inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias; la intervención de medios materiales o personales; el cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias; la suspensión del ejercicio de actividades; la determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas o cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley".

El mapa de los rebrotes de coronavirus en España

Simón ha defendido esta medida puesto que pueden aplicarlas las comunidades autónomas sin tener que decretar el estado de alarma y sirve para "evitar brotes mayores". "Son situaciones que se pueden aplicar sin decreto de alarma y nos permite controlar lo que estamos observando", sentenció hace solo unos días tras la reunión del comité técnico. 

De hecho, este jueves sugirió la posibilidad de aplicar confinamientos selectivos en Lleida, aunque desde la Generalitat aseguran que esta medida "de momento no está sobre la mesa". Sí está en mente de otros dirigentes autonómicos como Fernando López Miras, el presidente de la Región de Murcia, que ha asegurado que esta opción está "sobre la mesa" para aplicarlo por municipios, aunque por el momento, se ha optado por el cierre de la fábrica hortofrutícola de Raal, donde un brote originado por un caso importado de Bolivia suma ya 11 positivos por coronavirus.