El Gobierno mantiene su plan de derogar parte de la reforma laboral, pero lo deja sin fecha tras el pacto con la UE

El Gobierno no se da por aludido por las exigencias que durante días ha escuchado en Bruselas para acometer otra reforma laboral ni considera que los 140.000 millones que va a recibir de la UE -72.700 de ellos en transferencias directas- sean motivo para abandonar sus planes de subir ciertos impuestos en los próximos Presupuestos. Por el contrario, mantiene esta intención y también la de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Para ello, volverá a reunir la Mesa de diálogo social, aunque de momento no se ha fijado una fecha para ello.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha visto este martes motivos para aparcar los planes sobre la reforma laboral porque los criterios que se fijan para que España tenga acceso al Fondo de Recuperación de la UE no mencionan tal cosa. Según ha afirmado, esa fue una reclamación del primer ministro de Holanda, Mark Rutte -y del PP, añaden otras fuentes del Gobierno- que no se ha plasmado finalmente en el acuerdo alcanzado esta madrugada.

El Gobierno mantiene su intención de reanudar la Mesa del diálogo social para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, "según nuestro calendario", ha dicho Montero sobre un proyecto, el de la derogación parcial de la reforma laboral que "es nuestra hoja de ruta".

La derogación parcial de la reforma laboral figura en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, pero también ha sido objeto de discrepancias dentro del Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es partidaria de mantener la reforma laboral del PP tal y como está. La última vez que se suscitó esta cuestión fue tras el efímero pacto entre el PSOE y Bildu en el Congreso para derogarla "de manera íntegra". Un día después Calviño puso el proyecto en sordina, al asegurar que sería "absurdo" y "contraproducente".

A pesar de ello, Montero ha asegurado este martes que la intención del Gobierno es hacer una derogación parcial, algo para lo que no es ven obstáculos por parte de Bruselas. Así, ha recordado que el acuerdo para el Fondo de Recuperación establece que los Estados miembros tienen que plasmar en sus Planes Nacionales de Reforma cuestiones que han sido pautadas por la Comisión y que guardan relación con las recomendaciones que Bruselas viene haciendo a España en los últimos tiempos.

"Dentro de estas recomendaciones, que suscribimos, figura reforzar la capacidad y la resilencia del sistema sanitario, medidas que se encaminen a preservar  los puesto de trabajos y coberturas para las rentas mínimas -como el Ingreso Mínimo Vital- o la capacidad de proporcionar liquidez a las pymes", ha enumerado, en relación a medidas que ya ha tomado el Gobierno, como los ERTE por la Covid o los préstamos ICO.

"Todas estas recomendaciones son las que se han discutido en Europa y de las que el Gobierno ha tomado nota", ha afirmado Montero, que, sin aludir a Rutte y sus reclamaciones a España, ha añadido que "se han visto pretensiones" de forzar otras medidas, "pero las condicionalidades son las que figuran en las recomendaciones.

Subida de impuestos

Si el Gobierno no ve motivos para abandonar la derogación parcial de la reforma laboral, menos aún cree que el acuerdo en la UE deba llevarle a olvidar su pretensión de subir ciertos impuestos. En realidad, todo lo contrario, ha explicado Montero, que ha razonado que si se recurre a la ayuda europea, España tiene también que hacer sus deberes para incrementar los ingresos, vía recaudación.

Según ha dicho, "puede ser hasta contradictorio" pedir recursos a Bruselas sin aumentar los ingresos públicos vía impuestos. Es "imprescindible para que un país sea solvente a la hora de reclamar recursos que necesita".

Así, la reforma fiscal que impulsará España en los próximos Presupuestos "permitirá que nuestros ingresos se parezcan más a los países de nuestro entorno" y ha considerado que la subida de impuestos es "coherente" con la de pedir ayuda. "Lo que no puede ser es un Estado miembro que solicita lo que necesita y no haga sus propios deberes", ha dicho la ministra de Hacienda.