La diputada de JxCat Laura Borràs se niega a declarar ante el juez del Supremo que la investiga por contratos irregulares

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que la investiga por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

Borràs ha llegado al Supremo acompañada de su abogado, Gonzalo Boye -el mismo que el del expresidente catalán Carles Puigdemont y de su sucesor en el cargo, Quim Torra- poco antes de las once de la mañana, la hora a la que estaba citada por el juez.

Una vez que De Porres le ha leído sus derechos, la diputada ha comunicado que no tenía intención de declarar, pues, según ha explicado, está pendiente de practicar una diligencia pericial solicitada por su defensa.

Cuando eso ocurra, ha dicho al salir del Supremo en declaraciones a los medios de comunicación, será ella la que solicite comparecer ante el magistrado.

El Supremo ya la citó el pasado 14 de febrero para que acudiera de forma "voluntaria" para informarle de las diligencias abiertas contra ella y para tomarle declaración, pero Borràs rechazó personarse porque, según aseguró entonces, "implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año estoy denunciando".

18 contratos por valor de 259.863 euros

El alto tribunal abrió causa contra Borràs tras recibir la exposición razonada del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona que apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación a Isaías Herrero, un programador informático amigo suyo, de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres (ILC).

Según ese escrito, entre 2013 y 2017, desde la institución que dirigía Borràs, se procedió, de acuerdo con Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa. El total adjudicado ascendió a 259.863 euros.

Borràs dirigió la ILC de 2013 a 2018 y en su condición "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio contratado, conformó la factura correspondiente y autorizó el pago", según el juzgado.

Cuando, de acuerdo con la práctica habitual de la Generalitat, se exigían tres presupuestos antes de la adjudicación para elegir la opción más ventajosa, Borràs y Herrero, "de común acuerdo, aportaban diversos presupuestos confeccionados por ellos mismos pero a nombres de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación".

La exposición del juzgado recogida por el Supremo destaca también que el importe de los contratos adjudicados a Herrero no se correspondía con el precio real del servicio, entre otros motivos porque las facturas incluían gastos a los que el hombre debía hacer frente por recurrir a las entidades tras las que se ocultaba.

En su escrito, la Fiscalía reproducía conversaciones intervenidas a Herrero, como una en la que comenta su relación con Borràs: "Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí"; "(...) pero que yo tengo que hacer un presupuesto bueno y... o sea tengo que hacer dos presupuestos buenos y cuatro de no buenos,..."; "(...) lo jodido es si la Borràs deja de ser directora...".