Una treintena de alcaldes de distintos signos políticos – entre ellos la regidora de la capital catalana, Ada Colau (Barcelona en Comú), el de Valencia, Joan Ribó (Compromís), o los populares Martínez-Almeida (Madrid) y Azcón (Zaragoza)– han acordado este martes durante una reunión telemática presenciarse, juntos, en el Congreso de los Diputados para presionar contra el nuevo decreto alcanzado entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Rechazamos el acuerdo por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos", han manifestado en un comunicado conjunto. Y es que, según recoge el documento que debatirán los disputados a mediados de este mes, los ayuntamientos solo podrán acceder a las ayudas económicas con los que aspiran a combatir la actual crisis social y económica a cambio de prestar sus remanentes. Eso si las tienen. Acorde al decreto, las ciudades que no disponen de este fondo de ahorro, como Zaragoza, no se podrán beneficiar de los 5.000 millones de euros que repartirá el Estado entre los municipios. Un requisito que "vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado", sentencian los alcaldes sumados a esta cita liderada por Azcón.

"Los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros".

Ya lo adelanta la alcaldesa de Barcelona en su cuenta de Twitter: "El decreto de Hacienda no tiene apoyos para salir adelante (en el Congreso)". Y al hilo de las palabras del alcalde de Madrid –"los ayuntamientos no podemos esperar ni un día más"–, todos ellos exigen al Gobierno que elabore, desde ahora, un real decreto exprés en el que se recojan las medidas que sí cuenta con un amplio respaldo político. Estas son un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal; la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021.

Es decir que todas las localidades españolas, cuenten o no con remanentes, puedan acceder a las ayudas sin prestar su dinero al Estado y, además, beneficiarse de otro fondo de ayudas de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público. El Gobierno no parece convencido. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó el pasado lunes retirar el decreto a propuesta de la mayoría de alcaldías. Es más, asegura que es la única opción para que los consistorios dispongan de 5.000 millones en lugar de los 1.000 permitidos.

"El presidente del Gobierno hace dos semanas nos dijo que estaba dispuesto a negociar, mientras que la ministrade Hacienda dijo que esto son como las lentajas: o las tomas o las dejas... ¿Quién dice la verdad?", se preguntaba ayer el regidor de la capital.

Aun así Martínez-Almeida ha querido recalcar el tono "positivo" de las conversaciones entre los dirigentes locales e insistió en su buena disposición con el equipo de Sánchez. "Queremos sentarnos y negociar con el Gobierno de la Nación; llegar a un acuerdo que sea provechoso para todos y que permita asumir la situación económica y social a la que nos enfrentamos los ayuntamientos".

Por ello, el alcalde de Madrid y portavoz del PP ha pedido al presidente de la FEMP y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que "ejerza de presidente de los alcaldes y no de aliado de Gobierno" y organice ya una reunión entre los alcaldes contrarios al real decreto sobre financiación municipal.