El Gobierno ha propuesto este martes llevar cabo una modificación legal rápida para mejorar la “seguridad jurídica” de las medidas autonómicas contra la pandemia de Covid-19, con lo que se busca evitar que puedan ser suspendidas judicialmente decisiones como la clausura temporal del ocio nocturno o prohibir fumar al aire libre si no existe distancia de seguridad.

El Ministerio de la Presidencia de Carmen Calvo y el de de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo, ha informado este martes por la tarde de que el Ejecutivo planteará este cambio legal a través del PSOE en el Congreso.

Según el Gobierno, la modificación que plantea podría aprobarse en un “plazo muy breve”, ya se se incluiría en otra reforma que ya se tramita en el Senado, en concreto la referida a las medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

El cambio consistiría en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Se plantearían cuatro modificaciones a esta norma, la primera de las cuales es atribuir la competencia de las “medidas de carácter general” contra el Covid-19 “a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, en lugar de los juzgados de lo contencioso-administrativo”.

Esta medida, precisamente, ha sido una de las principales reivindicaciones de presidente del PP, Pablo Casado, durante todo el mes de agosto ante la paralización de algunas medidas por jueces ordinarios y formaba parte del paquete de reforma legislativo que el principal partido de la oposición planteó en junio en la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados.

"Todas las herramientas"

Una segunda idea es “establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones” sobre el coronavirus, a lo que se suma “establecer un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación”. La cuarta propuesta es “incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos”.

El Ejecutivo explicó que su iniciativa “persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común”.

Asimismo, se busca dotar a las autonomías y demás administraciones públicas con competencias sanitarias “de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio”.

Desde el Gobierno se ja concluído que esta propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los grupos parlamentarios del Congreso, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, “lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve”.