La negociación de última hora del Gobierno para salvar su decreto sobre los remanentes municipales ha fracasado. Tal y como anticipó la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al inicio del debate, el Congreso rechazó este jueves convalidar la norma, lo que supone un durísimo varapalo para el Gobierno por lo inusual que es que esto ocurra, y más a las puertas de negociar los Presupuestos Generales del Estado.
La única formación que ha pasado al sí al decreto tras las negociaciones ha sido Unidas Podemos, pese a que especialmente En Comú Podem había mostrado muchas dudas sobre el texto. Su diputado Gerardo Pisarello justificó la decisión asegurando que En Comú ha "conseguido in extremis que Hacienda acepte crear un fondo de emergencia municipal de 3.000 millones a fondo perdido".
Pero el apoyo morado fue insuficiente y no sirvió para evitar que quede derogado el decreto ley con el mecanismo ideado por Hacienda para hacerse con los 14.000 millones de ahorros disponibles de los ayuntamientos, a cambio de transferirles solo una parte, 5.000 millones. Esa era el planteamiento inicial, que sólo empezó a moverse este miércoles, en el último momento y de manera muy poco profunda, como afearon varios grupos. La primera vez que el Congreso negaba a Pedro Sánchez la convalidación de un decreto fue en enero de 2019, cuando el Ejecutivo entonces monocolor vio cómo la Cámara tumbaba el primer decreto sobre el alquiler. Fue el cuarto decreto rechazado en democracia, con lo que el fracaso de la ley sobre la regla de gasto de los ayuntamientos se convierte en el quinto y el segundo para Sánchez.
Y eso que Montero se empleó a fondo en la tribuna para hacer cambiar infructuosamente de opinión a los grupos parlamentarios. "La gente quiere respuestas claras, urgentes, y esta situación es inédita y requiere del concurso de todos", argumentó la ministra, que aseguró que, si no se aprueba el decreto, "lo que no puede ocurrir es una tanda de reproches o petición de respuestas al Gobierno. Se trata, dijo, de un "intento de ayuda" urgente del Ejecutivo a los ayuntamientos, porque "el Gobierno no necesita en ningún caso" su dinero, una afirmación que provocó las risas de la bancada del PP.
Pero ni el discurso cambió la opinión de los grupos, ni tampoco lo hizo la modificación introducida por Hacienda pocas horas antes del debate, que mantenía los 5.000 millones como el máximo de ahorros que los ayuntamientos pueden gastar -tienen ahorrados en conjunto 28.000- pero que hacía que no todo ese montante esté vinculado a que antes los alcaldes presten todos sus ahorros al Gobierno central.
La ministra ofreció que el 60% de esa cantidad siga vinculada al préstamo previo de los remanentes, mientras que el 40% restante lo estaría a la población de cada municipio. Fuentes de Hacienda explicaron que esto permitiría que ayuntamientos que no tienen ahorros -el de Valencia, por ejemplo, por citar a uno de los grandes- pudieran disponer de fondos. Las fuentes indicaban que estos porcentajes podrían cambiar.
Una negociación "del PSOE con el PSOE"
La oferta in extremis de Montero cayó en saco roto, y una de las críticas más repetidas por parte de toda la oposición este jueves ha sido precisamente que el Gobierno se haya mostrado incapaz de cosechar más apoyos que los suyos propios. Tanto el PP como Cs, incluso, llegaron a asegurar que la negociación mantenida con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) fue en realidad solo con los alcaldes socialistas, "del PSOE con el PSOE". Allí, el acuerdo salió adelante gracias al voto de calidad de su presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, y con la abstención de Podemos e IU.
Para la mayor parte de las formaciones del Congreso, incluidos los socios de investidura del Gobierno, cunde la idea de que la ministra ha esperado hasta el último momento para llevar una nueva propuesta, aunque varias formaciones de izquierda se mostraron proclives a negociar un nuevo texto. Es el caso de Compromís, cuyo diputado Joan Baldoví fue muy gráfico: "A decreto muerto, decreto puesto, y negocien, pero bien, no a ultima hora y con nocturnidad".
Sin embargo, hay partidos para quienes la cuestión no estriba en cuántos de sus ahorros Hacienda permite que gasten los ayuntamientos, sino en cuestiones mucho más de fondo. El PP hace semanas que reclamó a la ministra que retirara el decreto y presentara otro, donde se permitiera que los alcaldes gasten todos sus ahorros. Los populares consideran que el mecanismo de Montero supone "confiscarlos", y en ello insistieron este jueves, cuando tacharon el real decreto de "crónica de un robo anunciado". El propuesto por Hacienda, afirmaron los populares, es "un sistema perverso y discriminatorio", como si "el padre le quitara la hucha de los ahorros a sus hijos".
ERC, por su parte, no se sintió concernida por la última oferta de Montero porque lo que reclaman es que los ayuntamientos dispongan de su dinero sin que estos estén vinculados a un préstamo previo al Estado. De hecho, tanto los republicanos como EH Bildu insistieron con vehemencia en sus intervenciones en que el problema se solucionaría reformando la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir a los consistorios gastar sus remanentes, algo en lo que coincidieron también formaciones como Compromís, Nueva Canarias o el PRC, que incluso llegó a pedir una reforma "exprés" de la Constitución para facilitarlo. El PNV, por su parte, denunció que la iniciativa no respeta las competencias forales.
Un rechazo larvado desde hace semanas
El resultado de la votación de hoy no es más que un evidente reflejo de que, salvo en el caso del PSOE, el rechazo entre los partidos a la propuesta de Hacienda ha sido unánime desde el principio. En julio ya la rechazaron en la FEMP, donde Montero logró cerrar un acuerdo gracias a la abstención de Unidas Podemos y acudiendo al voto de calidad de su presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.
Tras el parón estival, todos los partidos, incluido Unidas Podemos, se opusieron de nuevo al plan del Gobierno, en una comparecencia de Montero en el Congreso en la que escuchó cómo uno tras otro, todos los grupos menos el socialista le comunicaban que este jueves votarían que no. Para intentar evitarlo, la ministra se comprometió en un primer momento a modificar el decreto una vez convalidado en el Congreso, lo levantó la desconfianza de los grupos.
Aquella sesión terminó con la voluntad de Montero de seguir hablando para llegar a un acuerdo, que no solo ha tardado en sustanciarse con una propuesta de última hora, sino que horas antes de la votación seguía pareciendo insuficiente al resto de grupos.
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