Gobierno, patronal y sindicatos siguen negociando la prórroga de los ERTE derivados de la crisis del coronavirus y retomarán las reuniones la semana que viene. Y CCOO y UGT, las centrales presentes en las conversaciones, exigen al Ejecutivo que junto al pacto se contemple alguna solución para las personas que perdieron el trabajo antes de decretarse el estado de alarma y que, por culpa de la pandemia, no han podido volver a encontrar empleo y han agotado su subsidio de paro.
Según confirmó este jueves UGT a través de un comunicado, el Gobierno ha renunciado a su pretensión inicial de limitar a un máximo de seis meses el tiempo que un trabajador podría estar en un ERTE sin empezar a consumir su prestación por desempleo. Esta medida se tomó para evitar que las condiciones sobrevenidas de la pandemia pudieran provocar que algunos trabajadores afectados por un ERTE agotaran su paro y quedaran sin ingresos.
No obstante, de esa decisión no se pueden beneficiar quienes estaban desempleados y agotaron su prestación durante la pandemia o quienes comenzaron el estado de alarma ya sin derecho a paro. CCOO y UGT entienden que el confinamiento y el parón económico han hecho imposible que buena parte de estos trabajadores hayan encontrado un nuevo empleo. Y consideran que el Estado debe ofrecerles protección.
Fuentes del diálogo social sostienen que el Gobierno se ha mostrado abierto a escuchar la propuesta, que pasa por una prestación extraordinaria para las personas que se hayan visto en esta situación y no hayan podido encontrar trabajo hasta septiembre. Pero hasta ahora no se ha puesto en marcha.
La negociación continúa
La semana que viene, Ejecutivo, patronal y sindicatos tendrán también que intentar desencallar otros dos asuntos que están dilatando la negociación: el formato de las exoneraciones fiscales para las empresas acogidas a un expediente y los sectores que podrán seguir utilizándo los ERTE por fuerza mayor.
Según explicó este jueves UGT, tanto la patronal como los sindicatos coinciden en rechazar el actual modelo de exoneraciones, que incentiva a las compañías que van reincorporando trabajadores. Ambos agentes sociales defienden el formato contrario, que pasaría por dedicar esos recursos a dar más beneficios fiscales a las compañías con más empleados en ERTE.
Además, los sindicatos siguen insistiendo en que no deben limitarse los ERTE a determinados sectores, sino que todas las empresas que se vean perjudicadas por la pandemia deben poder acogerse a esta figura. Al menos, aspiran a que no se tracen limitaciones muy estrictas entre sectores.
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