Por primera vez desde que fue coronado monarca en 2014, el rey Felipe VI no asistirá a uno de los dos actos más importantes de la judicatura, junto a la apertura del año judicial. Este viernes, los 62 jueces de la nueva promoción de la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, recibirán sus despachos sin la presencia de la Casa Real por decisión del Gobierno.
Esta ausencia ha levantado una gran polémica entre el Ejecutivo y los jueces, que se han quejado por el desaire que supone el "veto"al Rey por parte de Moncloa. Las principales asociaciones reclaman conocer los motivos de la ausencia, aunque señalan motivaciones políticas detrás. Tampoco el acto contará con ningún representante del Govern de Cataluña, a la espera de que el Tribunal Supremo comunique en los próximos días la más que probable inhabilitación del presidente Quim Torra por desobediencia.
Será Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien presida el evento. Se prevé que muestre con sus palabras el malestar de este órgano, en el que se debatió si responder a los vaivenes del Gobierno con un comunicado. Finalmente, lo hicieron así seis de los 20 vocales, que firmaron una comunicación a título individual en la que recordaban que la presencia del Rey es "el símbolo del valor que la Justicia tiene en un Estado de Derecho" como es España.
Zarzuela sí confirmó en un primer momento la presencia de Felipe VI en Barcelona. Según fuentes del CGPJ, el monarca aceptó la invitación cuando se le envió aunque, según su versión, el pasado martes Zarzuela finalmente optó por declinarla. Eso sí, en la agenda semanal del monarca, que se publica los viernes, nunca estuvo el acto que el año pasado se celebró en Madrid de forma extraordinaria para celebrar el 40 aniversario de la Constitución.
Lo que también ha encendido a los jueces ha sido el silencio del Gobierno. Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se limitó a señalar que la decisión del Ejecutivo, que tiene potestad para marcar la agenda de la monarquía, estaba "bien tomada". Hoy, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que sí estará en el acto, ha señalado que "hay todo un paquete de razones que han aconsejado tomar esta decisión", aunque no las ha detallado. El PP ha tildado la ausencia de "humillación", en boca de su portavoz de Justicia y también consejero de Interior en Madrid, Enrique López.
"No sé qué quería decir el ministro cuando hablaba de sacrificar o la vicepresidenta cuando decía que la decisión estaba muy bien tomada", ha explicado, por su parte, María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de Magistrados (APM), la más representativa del sector. En una conversación con 20minutos, la magistrada ha reclamado al Ejecutivo explicaciones porque "Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ya dijo que no era una cuestión de seguridad y tampoco parece un motivo de salud". "A lo mejor, efectivamente, es una cuestión política y eso no puede ser", ha añadido.
En términos similares se ha expresado Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que ha asegurado que sería "preocupante"que fuera "una decisión política" porque el poder judicial "tiene que estar al margen". "¿Se imagina alguien que el Rey no acudiera a un acto político de tal calibre, como puede ser la toma de posesión de un ministro?", ha reflexionado.
La progresista Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia ha reclamado "transparencia y una explicación con detalle" y Concepción Rodríguez, presidenta de la asociación minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), ha opinado que se trata de algo "muy grave" si es político.
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