El Gobierno prorrogará hasta el 31 de enero la prohibición de desahuciar a familias vulnerables

El Consejo de Ministros aprobará este martes la prórroga de tres de las medidas aprobadas por el Gobierno en lo más duro de la pandemia: la prohibición de los desahucios de las familias vulnerables o especialmente afectadas por la crisis del coronavirus, la extensión automática de los contratos de alquiler que expiren para evitar subidas abusivas y las ayudas a los alquileres en el caso de que el arrendatario sea una empresa o un propietario de más de diez viviendas.

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Así lo confirman fuentes del Ejecutivo, que explican que la Vicepresidencia segunda y Hacienda siguen negociando la prórroga de otras medidas aprobadas a finales de marzo que también vencen durante esta semana, como la moratoria hipotecaria y la prohibición de que se corten los suministros básicos. Las tres medidas cuya extensión ya está decidida ampliarán su vigencia hasta el próximo 31 de enero, la misma fecha para la que patronal y sindicatos negocian la prórroga de los ERTE.

De esta forma, las personas que paguen un alquiler o una renta y estén desempleadas, hayan sufrido un ERTE, hayan reducido su jornada para cuidar de personas dependientes o tengan una pérdida sustancial de ingresos a causa de la crisis sanitaria podrán seguir solicitando la paralización de su desahucio si no tienen alternativa habitacional. En el caso de las familias, los requisitos para solicitar la suspensión del desalojo pasan por haber sido despedido del trabajo y que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere los 1.613 euros mensuales.

Esta cantidad se incrementa en 53,7 euros por menor o jubilado a cargo. Y, en caso de que en la familia haya algún miembro con una discapacidad superior al 33%, un dependiente o alguien con la incapacidad laboral reconocida, el umbral será de 2.151 euros mensuales.

Medidas para los alquileres

De la misma forma, en el Consejo de Ministros de este martes está previsto la prórroga hasta el 31 de enero de los contratos de alquiler que venzan hasta ese día. Actualmente, dichas prórrogas de contrato son por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se siguen aplicando los términos y condiciones establecidos en el contrato en vigor. Y el casero está obligado a aceptar la extensión del contrato si el inquilino lo pide.

Hasta la misma fecha se extenderá la posibilidad de pedir una moratoria del alquiler, aunque solo si el propietario de la vivienda es un gran tenedor o una empresa. Con la norma actual, los inquilinos pueden (si son considerados vulnerables) o bien pedir que la compañía les permita pagar la deuda que acumulen en dos o tres años, o bien negociar una quita de hasta la mitad de esta cuantía. Además, pueden acogerse a los créditos del ICO al 0% de interés que también puso en marcha el Gobierno para personas que se hubieran visto con problemas para pagar el alquiler a raíz de pandemia.