El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (COAPI) y la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya han advertido que la modificación del Pla General Metropolità no ha supuesto "ninguna mejora" en el parque de vivienda de la ciudad.
De hecho, han asegurado que reservar el 30% a vivienda social está provocando "efectos adversos" para el mercado de vivienda de la ciudad, con unas consecuencias económicas "negativas", una reducción del valor del suelo y las edificaciones existentes y efectos "negativos" en la rehabilitación del parque edificado.
El proyecto se aprobó hace dos años por parte del Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de obtener vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado. A través de un comunicado conjunto, las entidades del sector inmobiliario han reiterado las "connotaciones negativas" de la regulación sobre el mercado de vivienda en Barcelona.
Han advertido que la modificación del Pla General Metropolità no ha supuesto "ninguna mejora" en el parque de vivienda de la ciudad de Barcelona
En este sentido, han asegurado que el Ayuntamiento de Barcelona es titular de 187 solares con capacidad de cerca de 7.000 viviendas, mayoritariamente de protección oficial, procedentes de cesiones de aprovechamiento de la ejecución en suelos urbanizables y urbanos no consolidados. Este es el caso de la Marina del Prat Vermell y de las Casernes de Sant Andreu, con suelo para viviendas de protección oficial de 60.000 metros cuadrados, en manos del Ayuntamiento desde 2011.
Las entidades también han advertido de una reducción del 26% del valor del patrimonio urbano, tanto solares como edificios, desde la entrada en vigor de la modificación. Por otra parte, las asociaciones han alertado de que la obligación de reservar un 30% de viviendas de protección oficial en las obras de gran rehabilitación tiene efectos sobre el tejido urbano, ya que hace "inviable económicamente" la rehabilitación.
Las entidades han reclamado al consistorio hacer públicas las cifras de solicitud de licencias de obra en Barcelona que incorporen la reserva del 30% para vivienda social
Las entidades han reclamado al consistorio hacer públicas las cifras de solicitud de licencias de obra en Barcelona que incorporen la reserva del 30%. Asimismo, han atribuido las "grandes tensiones" del acceso a la vivienda al "grave desequilibrio" entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente, así como la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente y la parálisis de la gestión de las administraciones públicas.
Las asociaciones del sector también han recordado que el Àmbit Metropolità de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas. "Movilizar estas reservas es imprescindible para incrementar la oferta de vivienda asequible", han afirmado.
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