Varapalo de los tribunales a las intenciones de Vox. Este martes, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han desestimado la petición de la formación de Rocío Monasterio de suspender con urgencia el cierre de la capital y de otros nueve municipios madrileños.
A primera hora de la mañana, los magistrados de la Audiencia Nacional han desestimado la cautelarísima solicitada por el Grupo Parlamentario que cuenta con 12 diputados en la Asamblea de Madrid contra el acuerdo al que llegaron el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que se convirtió en norma general tras aprobarse, sin consenso, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este documento establece restricciones de movilidad, de aforo y de horarios a los municipios de más de 100.000 habitantes con alta incidencia de Covid-19.
Sin escuchar a las partes, la Sala Octava de la Audiencia ha decidido rechazar que la medida cause un "perjuicio irreparable a los madrileños", como argumentaba Vox. Así, los jueces han reproducido los dados ayer a un abogado particular: "No hay razones de especial urgencia" para suspender el cierre. Además, la Audiencia también recuerda que la norma de Sanidad no va dirigida a los recurrentes, sino a las comunidades autónomas.
Esto, además, podría plantear dudas a la hora de la legitimidad de Vox para presentar su recurso, aunque la sala llega a argumentar que no lo puede hacer en la solicitud de cautelarísimas, en la que solo se decide la suspensión urgente o no sin entrar a escuchar a las partes. "No es posible tratar esta cuestión en este trámite de medidas cautelarísimas, que está limitado a ofrecer una respuesta inmediata a la petición de suspensión del acto impugnado", insisten en el auto.
Este recurso lo presentó Vox tras registrar uno anterior el sábado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también ha fallado en su contra. En ese recurso, Rocío Monasterio aseguraba que la decisión del Gobierno tenía más "tintes políticos que científicos".
Además, Vox también argumentaba que la administración regional adoptó las medidas tras su publicación el viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) sin ratificación judicial, que está previsto que llegue mañana. Sin embargo, esta circunstancia "no puede implicar", para el tribunal, "la existencia de una vía de hecho (fuera de sus competencias) en modo alguno", que es el artículo bajo el que se piden las cautelares.
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