La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno tiene intención de comenzar los trabajos para derogar la reforma de la ley del aborto que el PP aprobó en 2015. El objetivo, ha señalado, es que "todas las mujeres tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos".

Montero ha hecho esta declaración durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso. Sin especificar más sobre una reforma legislativa que ha calificado de "más que necesaria", la ministra ha agregado que el Ejecutivo está "haciendo todo lo posible para mejorar la salud sexual de la ciudadanía", lo que pasa también por el derecho a las "formas más novedosas" de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo salió adelante en 2010 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces se aprobó el aborto libre hasta las primeras 14 semanas; dentro de las primeras 22 en caso de riesgo para la embarazada o malformación del feto y en cualquier momento si se detectaban "anomalías fetales incompatibles con la vida".

Esta ley permitía asimismo abortar sin el consentimiento de los padres o de los tutores legales a las chicas de 16 y 17 años si alegaban mala relación con ellos. Cinco años después, tras un intento reformista mayor del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón -que dimitió al no conseguir sacarlo adelante-, los populares derogaron solo este punto. Esta reforma, que pretendía "devolver a los padres la capacidad de aconsejar y de estar al lado de sus hijas", contó con el voto en contra de toda la oposición e incluso el de varios senadores del PP.

Durante su turno de palabra, el diputado del PNV, Joseba Agirretxea, le ha pedido a la titular de Igualdad mayor concreción. "¿Qué modificaciones cree que necesita la ley para que no se rompan los consenso alcanzados? Por ahora ha valido. Fue una una ley que legisló una situación dramática que vivíamos y creo que ha tenido resultados magníficos", le ha preguntado, en referencia a la normativa a la que se dio luz verde en 2010. Los partidos que apoyaron al Gobierno entonces fueron el PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y dos diputados de CiU. El PP fue el único que se opuso en bloque, junto a algunos miembros de otros partidos como CC, UPN, UPyD y siete diputados de CiU.

Montero ha defendido haber sido "muy explícita" sobre lo que quieren llevar a cabo. “Cuando podamos concretar todo el texto se lo presentaremos para que si encontramos discrepancias podamos debatirlo a fondo”, se ha limitado a decir, sin confirmar si habrá cambios más allá de suprimir lo aprobado en 2015. "En lo que queremos ser ambiciosas es en la salud sexual y reproductiva porque consideramos que es una de las bases para garantizar unas vidas libres de violencias machistas", ha concluido.

El anuncio de la ministra ha tenido otras respuestas entre los partidos de la oposición. Mientras desde ERC han trasladado su apoyo y han urgido al Gobierno a modificar cuanto antes la legislación, la diputada de Vox Lourdes Méndez ha opinado que el Ejecutivo "ha equivocado la mirada en un momento como este".

El pasado mes de enero, ya se anunció que la coalición de PSOE y Unidas Podemos recuperaría la conocida como ley de plazos de hace una década, volviendo a permitir a las menores a partir de 16 años interrumpir su embarazo sin permiso paterno. Esta fue una propuesta que ya estuvo encima de la mesa tras la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez en 2018. Pero no llegó a llevarse a cabo. En el acuerdo de gobierno de ambas formaciones consta que se "favorecerá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el sistema nacional de salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010".

Acabar con el síndrome de alienación parental

Durante su comparecencia, la ministra de Igualdad también ha anunciado que, junto con la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Justicia, pretende tomar medidas para evitar que sea tenido en consideración el denominado síndrome de alienación parental (SAP). Este se esgrime en algunas resoluciones judiciales para retirar la custodia a mujeres por considerar que manipulan a los niños contra el padre, a pesar de que no es reconocido por ninguna sociedad científica y de que el Consejo General del Poder Judicial ya se pronunció en 2013 en contra de utilizarlo.

El SAP puede contribuir a la impunidad de formas de violencia contra la infancia

"El derecho a ser escuchados a cualquier edad constituye uno de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, previsto en la Convención de Derechos del Niño de la ONU, derivado de su consideración como titulares de derechos. En una ley contra la violencia hacia la infancia resulta esencial reforzar este derecho y establecer las obligaciones que le son inherentes, en términos de formación y preparación metodológica y ambiental", ha afirmado Montero, quien ha destacado que las consecuencias de la aplicación del SAP "resultan muy preocupantes, pues pueden contribuir a la impunidad de formas de violencia contra la infancia y son desde luego inasumibles para un Gobierno feminista".

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La titular de Igualdad también ha informado sobre los cambios introducidos en el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual, tras las aportaciones de entidades de la sociedad civil y los informes de organismos como el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer o el Foro Social Contra la Trata. Entre las novedades se encuentra "la ampliación del objeto de la ley a los niños y niñas", lo que supone incluir a todos los menores víctimas de delitos sexuales y no solo a las mujeres a partir de 16 años, como se había establecido inicialmente.

La futura Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia incorporará además elementos fundamentales para proteger a los niños que sufren la violencia de género en casa.

Por otro lado, el real decreto sobre la igualdad retributiva y el real decreto de planes de igualdad en las empresas "estarán en las próximas semanas en el Consejo de Ministros". El Ejecutivo espera asimismo dar pronto "los primeros pasos" hacia la universalización de la educación de 0 a 3 años y hacia la remodelación del sistema de dependencia. "Ambas cuestiones sentarán las bases de cara a la futura construcción de un Sistema Estatal de Cuidados", en el camino hacia la conciliación de forma igualitaria.