Los portavoces del Congreso del PSOE y de Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente, han registrado en la Cámara Baja la propuesta de reforma del sistema de mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El objetivo del Gobierno es que el Partido Popular no pueda seguir vetando la renovación del órgano judicial y poder llevarla a buen puerto gracias a la mayoría parlamentaria -167 diputados— que Pedro Sánchez congregó para su investidura. El presidente, que antes era reacio a la renovación, ahora está dispuesto a ello. 

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¿Cómo pretende hacerlo el Gobierno?

La fórmula con la que el Gobierno de coalición pretende reformar el sistema de elección de este órgano de los jueces es por medio de una proposición de ley orgánica. Mediante esta vía el Gobierno evitará los informes de órganos consultivos -Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y el propio CGPJ-, que se exigen en los anteproyectos de ley que tramita el Consejo de Ministros y acortará notablemente los plazos para su aprobación. Según los socialistas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) podría estar aprobada en tres meses. El texto activaría la elección por mayoría absoluta en 48 horas en caso de que no fuera posible la cualificada en primera votación, como ocurre hasta ahora.

¿Qué implicaría la reforma?

La reforma plantea situar en la mayoría absoluta los votos necesarios para que las Cortes (Congreso y Senado) elijan a los 12 miembros del CGPJ que les corresponde (los otros 8 vocales que forman parte del órgano los eligen juristas de reconocida competencia). En la actualidad, es necesaria una mayoría de tres quintos para los nombramientos. Esto supone que sin el acuerdo de los dos grandes partidos (PP y PSOE), la renovación es imposible de lograr. Otro de los aspectos que se pretende incorporar a la reforma es la prohibición expresa de que un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato ha expirado y opera en funciones, pueda realizar nombramientos. Esto impediría que el órgano judicial pueda seguir realizando designaciones de forma interina, como ha ocurrido estos dos últimos años.

¿Por qué quieren PSOE y Podemos renovar el CGPJ?

En primer lugar, porque este órgano judicial se debía haber renovado ya hace casi dos años. El Ejecutivo entiende que no se puede alargar más esta tarea. El actual mandado caducó en diciembre 2018 y desde entonces su renovación está paralizada pese a que ha seguido realizando nombramientos. Por otro lado, a nadie se le escapa que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano que decide todos los nombramientos importantes de la carrera judicial, desde los jueces del Tribunal Supremo a los de refuerzo. Las mayorías parlamentarias eligen a sus miembros por lo que el Ejecutivo de turno con su influencia puede proponer a jueces ideológicamente más afines. 

¿Qué opinaba Sánchez sobre el poder judicial?

Pedro Sánchez dijo este verano que "prácticamente el 99%" el acuerdo con el PP para renovar el poder judicial estaba cerrado. Sin embargo, tras el anuncio del rey emérito de abandonar España y la reacción de Podemos, los populares decidieron echarse atrás. Siempre ha sido Sánchez más partidario de acordar este tema con el partido de la oposición, como ha dejado patente años atrás. "Me puedo entender con Podemos para aprobar un Ingreso Mínimo Vital pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero", escribió en su cuenta de Twitter en 2016. Ese mismo año en su discurso de investidura tras llegar a un acuerdo con Ciudadanos afirmó que los cargos de "designación parlamentaria", como por ejemplo los miembros del CGPJ, deberían ser elegidos por "convocatoria pública", calificando su propuesta de "revolucionaria", y señalado que este era su "compromiso", y su "convencimiento".

En 2014, cuando acababa de ser elegido Secretario General del PSOE por primera vez, Sánchez defendía que la decisión fuese llevada por un comité de expertos. "Que los partidos dejemos de proponer candidatos, que se establezca una mesa de expertos catedráticos que filtren los candidatos que son capaces de gobernar el gobierno de los jueces y que el Congreso decida libremente y no a instancias de los partidos políticos", declaró en en el programa de Ana Rosa.

¿Por qué se opone Pablo Casado?

El líder del Partido Popular ha dejado claro que no pactará nada con un Gobierno en el que esté Podemos. Pablo Casado censura la participación de Pablo Iglesias en la renovación del CGPJ porque ataca a los jueces, al Rey y su partido está "imputado" por presunta financiación irregular en el 'caso Neurona'. Además, en opinión de Casado, la modificación de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) como proposición de ley es un "atropello legal" que pone en riesgo las fondos que tienen que llegar de Europa por esas ayudas están ligadas al respeto del Estado de derecho. 

¿Cuál es la opinión de los jueces?

Las asociaciones de jueces y fiscales apuestan porque sean los propios jueces los que puedan elegir directamente a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de extracción judicial. PP y Ciudadanos presentaron en 2018 sendas enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los 12 vocales del CGPJ sean elegidos, por voto secreto y directo, por los 5.500 miembros de la carrera judicial.

¿Qué dice Europa sobre esto?

En un informe reciente sobre el Estado de derecho en los 27, la Comisión Europea advirtió sobre la urgencia de renovar la cúpula del poder judicial, recogiendo los avisos del presidente del CJPJ, Carlos Lesmes, sobre esta “anomalía institucional” puede desacreditar al organismo. El documento también cita al Consejo de Europa, que se ha pronunciado destacando la importancia de asegurar que el poder judicial no sea percibido como vulnerable a la politización.

¿Ha pasado en más ocasiones?

Sí. El Consejo General del Poder Judicial elegido en 2001, con José María Aznar (PP) en la presidencia del Gobierno, concluyó en noviembre de 2006 pero no fue renovado hasta septiembre de 2008. Entonces, el jefe del Ejecutivo era José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y el líder de la oposición Mariano Rajoy (PP).  Ese consejo estaba formado por diez vocales propuestos por el PP, a los que había que sumar al presidente, Francisco José Hernando, siete propuestos por el PSOE, uno de CiU, otro de IU y otro fruto consensuado entre PP y PSOE. En los casi dos años que estuvo el poder judicial en funciones, su actividad no se limitó a la resolución de trámites ordinarios sino que siguió realizando nombramientos.