Los vientres de alquiler serán considerados una forma de explotación reproductiva. Así lo han anunciado fuentes del Ministerio de Igualdad, las cuales han avanzado que será una cuestión que recoja la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que el Gobierno prepara. 

El departamento que dirige Irene Montero pretende así que la gestación subrogada sea un tipo de violencia contra la mujer. Su objetivo es que, junto a ella, la ley del aborto considere también en ese rango la esterilización forzada, el aborto forzado y la violencia ginecoobstétrica, reconocidas en los acuerdos internacionales y que aún no se recogen en la legislación española.

Igualdad pretende regular de esta manera violencias contra las mujeres que se quedan fuera de otras leyes, como la de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Por el momento no se conocen más detalles de su desarrollo.

La ministra ya expuso a principios de mes, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, la intención del Ejecutivo de comenzar los trabajos para derogar el cambio de la ley del aborto que el PP aprobó en 2015. Esto supondría permitir nuevamente que las chicas de 16 y 17 años aborten sin el consentimiento paterno. El objetivo, señaló Montero, es que "todas las mujeres tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos".

Sin especificar más sobre una reforma legislativa que calificó de "más que necesaria", la titular de Igualdad agregó que el Gobierno está "haciendo todo lo posible para mejorar la salud sexual de la ciudadanía", lo que pasa también por el derecho a las "formas más novedosas" de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva.