La caja de solidaridad de Podemos, donde los cargos electos de la formación ingresan la diferencia que hay entre la limitación de su sueldo y su sueldo real, no es una 'caja B'. Así lo ha acreditado el juez Juan José Escalonilla, que investigaba un supuesto delito de administración desleal por parte de Rafael Mayoral que ha concluido que no existe. Queda, por tanto, archivada la parte de la causa en la que el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid investiga las denuncias que el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, realizó contra la formación, que aceptó ayer que su despido fue improcedente.

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En el auto, el magistrado señala que Calvente aportaba una solicitud de 50.000 euros que había realizado la entidad #404 Comunicación Popular, que asegura que "parece estar controlada por Christian Luis Navarro (asistente de Podemos)" a la caja de solidaridad del partido que podía probar ese delito, puesto que esos fondos "no se utilizaron para los fines propios para los que se constituyó dicha caja, sino para un presunto pago a un miembro del partido.

Sin embargo, Escalonilla lo rechaza, pues pese a confirmar que se hicieron al menos tres transferencias de 10.000 euros a dicha asociación, integrada en su mayoría por miembros de Podemos, el juez considera que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad". 

Fija el juzgado que no existe “ningún indicio” de que #404 Comunicación Popular “no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la caja de solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”.

Con este archivo, se van reduciendo las acusaciones contra la formación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. En su denuncia tras ser despedido, Calvente denunció, además del destino de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad a #404 Comunicación Popular (ahora archivado), el acceso no consentido al disco duro de la abogada Marta Flor; la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional; y los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa.

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De todos ellos, la investigación del contrato con ABD Europa también fue archivada la semana pasada y la Fiscalía ya ha recomendado limitar el trabajo del juez al contrato que firmaron para las elecciones generales del 28-A Podemos y la consultora Neurona.

Se trata de un pago de hasta 290.000 euros que, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, podría haber sido simulado, cometiéndose así dos delitos, el de fraude electoral y falsedad en documento mercantil. En agosto, el fiscal elevó un escrito en el que decía creer que ese pago no tenía consideración de gasto electoral por su "naturaleza preparatoria", pese a que Podemos entregó "vídeos y diseños publicitarios" que realizó Neurona.

En este marco, Escalonilla ha citado a declarar el próximo 13 de noviembre en calidad de investigado a Carlos García Ramos, uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos, por los contratos suscritos con la consultora, según informa Europa Press.

Escalonilla ha insistido en que "existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L., constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, (... ) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral".