La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo cerró el pasado viernes un acuerdo para renovar sus recomendaciones en materia de pensiones, que someterá a votación este martes 27 de octubre. Este consenso llega tras más de cinco años de debates, ya que los trabajos para renovar las propuestas se iniciaron en septiembre de 2016.
¿Qué es el Pacto de Toledo y por qué es tan importante?
Se trata de una comisión parlamentaria que nació a raíz de un acuerdo firmado en 1995 que contó con el apoyo de todos los partidos y cuyo objetivo era el estudio de medidas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
A instancia de las 15 recomendaciones iniciales con que partió el Pacto de Toledo, se creó una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos en el Congreso en el año 2000. Esta Comisión se reúne cada cinco años y publica un nuevo estudio al finalizar su trabajo con una revisión del estado del sistema público de pensiones en ese momento, así como de las recomendaciones para mejorarlo, que de 15 han pasado a ser 21. Como todos los grupos políticos tienen representación en la Comisión, se busca con este 'pacto' evitar que las pensiones sean objeto de conflicto partidista.
¿Qué supone el acuerdo del pasado viernes?
El acuerdo alcanzado el viernes supone poner fin a un largo camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la 'popular' Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.
La renovación de las recomendaciones era para el Gobierno un paso previo antes de acometer la reforma en el sistema público de pensiones.
Principios de solidaridad y suficiencia, entre las recomendaciones
El nuevo texto incluye 22 recomendaciones en total, entre las que se incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, que señala la "defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional, la suficiencia de prestaciones, la equidad en el reparto de las cargas y la responsabilidad pública en la dirección y gestión del sistema".
Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.
Subidas con el IPC y saneamiento de las cuentas en tres años
Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.
Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.
Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.
Excepciones en las penalizaciones a jubilaciones anticipadas
Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión -hasta 25 años en 2022-, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.
Finalmente, respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.
En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.
Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.
Planes complementarios y "mecanismos innovadores" en ingresos
Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.
Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".
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