El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, y en él incluirá una subida de sueldo del 0,9% para los empleados públicos en 2021. No obstante, aún está en el aire la posibilidad de que las cuentas vayan acompañadas de una regulación para limitar el precio de los alquileres, una normativa por la que pelea Unidas Podemos pero que la parte socialista del Ejecutivo prefiere retrasar. Estas diferencias generaron ayer una importante tensión en la coalición, hasta el punto de que la formación morada amenazó con obligar a retrasar la aprobación del anteproyecto.
Desde hace semanas, la limitación de los precios del alquiler ha sido el gran escollo que ha retrasado el borrador de los Presupuestos, y fuentes de Unidas Podemos aseguraban ayer a media tarde que aún no había un acuerdo al respecto. Las negociaciones llegaron a un punto muerto e incluso hubo unas horas en las que no se descartó que la presentación del anteproyecto tuviera que retrasarse por falta de acuerdo dentro de la coalición.
No obstante, Presidencia del Gobierno confirmó a última hora de la tarde que el texto se aprobará este martes, aunque sigue sin estar claro si estará acompañado de una ley para la regulación de los alquileres. Pese a que el vicepresidente Pablo Iglesias se comprometió hace semana y media con colectivos sociales a aprobar la limitación del precio del alquiler de manera urgente, la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el titular de Transportes, José Luis Ábalos –que tiene las competencias de vivienda– rechazan que sea el momento de aprobarla.
El PSOE, al menos públicamente, no pone en duda el contenido de la medida, y fuentes de Moncloa afirman que está entre los planes del Gobierno aprobarla en 2021. Pero, tal y como señaló Ábalos hace unos días, los socialistas consideran que debe dejarse para "el momento en el que el país lo pueda encajar", algo que no convence a Unidas Podemos.
Iglesias también exigía ayer reformas en el Ingreso Mínimo Vital para facilitar que llegue a más familias, dado que hasta ahora su alcance ha sido limitado. Entre otras medidas, Unidas Podemos quería que se utilizaran como referencia para solicitar la ayuda los ingresos de los tres últimos meses, en lugar del año de bajos ingresos que se exige actualmente, así como que pueda solicitarse la prestación a partir de los 18 años y no a partir de los 23, como hasta ahora.
Mucho más sencilla de consensuar internamente ha sido la subida del 0,9% del sueldo de los funcionarios, que es la misma que se aplicará a los pensionistas, como se trasladó a Bruselas en el Plan Presupuestario. La cifra está en línea con la previsión de inflación para el próximo ejercicio, aunque es inferior a la subida del 2% aprobada para este año, que podía alcanzar hasta un 2,3% si se sumaban fondos adicionales. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública destacan que con el incremento salarial a los funcionarios se quiere reconocer la labor del personal de los servicios y las administraciones públicas, con un trabajo "imprescindible" en una situación "difícil" por la pandemia.
Comienza la negociación
Una vez se presente hoy el anteproyecto, el Gobierno tendrá que negociarlo con sus socios para tratar de sacarlo adelante en el Congreso y acabar por fin con la vigencia de las cuentas de 2018, las últimas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que siguen en vigor. Algunas de las formaciones cuyos votos serán claves para sacar adelante las cuentas, como ERC o EH Bildu, firmaron la semana pasada un manifiesto junto a Unidas Podemos exigiendo regular de manera "urgente" el precio de los alquileres.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, advirtió este lunes de que las previsiones económicas son "dantescas" y que la solución "no puede ser subir impuestos". "La receta no es subir 9.000 millones y expandir el gasto un 53%, sobre todo si no va aparejado de una eficiencia, racionalización y optimización de los recursos públicos en un momento clave y crítico para nuestro país", aseguró Casado.
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