El Ayuntamiento de Barcelona ha alertado al Gobierno del riesgo de un estallido social si no se amplia la moratoria de desahucios "a todas las familias en situación de vulnerabilidad con independencia de si su precariedad es consecuencia directa de la Covid".
Así lo sostiene un informe de la Unidad Antidesahucios de Barcelona sobre desalojos de 1.211 personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre que el Ayuntamiento ha hecho llegar al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos.
Este informe documenta la situación de 1.211 personas, 748 adultas en situación de vulnerabilidad, con 463 menores a cargo, en circunstancias de extrema vulnerabilidad, afectadas por 443 órdenes judiciales de desahucio previas a la declaración de la pandemia, a las que se ha intentado desalojar una vez como mínimo y que el Ayuntamiento de Barcelona ha atendido y conseguido parar en un 90 % de los casos desde mediados de septiembre.
"Se trata de lanzamientos de personas en situación de pobreza que no pueden acogerse a la moratoria del Gobierno del Estado porque su vulnerabilidad económica y social es anterior a la pandemia, o bien porque carecen de un título legal sobre la vivienda en la que residen", explica el informe municipal.
En el análisis de las 443 órdenes de desahucio que hace la unidad Antidesahucios de Barcelona concluye que más del 50 % han sido impulsadas por grandes tenedores, es decir, empresas, bancos y personas físicas que tienen escrituradas a su nombre más de 15 viviendas en Cataluña y que, en muchos casos, están incumpliendo la legalidad vigente.
"Los equipos municipales, las entidades sociales, asociaciones de vecinos y las propias familias afectadas nos alertan de un nivel de desesperación y crispación muy preocupante. Estas alarmas hacen temer un estallido social que podría evitarse ampliando la moratoria a todas las familias en situación de vulnerabilidad con independencia de si su precariedad es consecuencia directa de la Covid", apunta el informe.
Por eso y ante el estallido de la segunda ola de la Covid-19, el Ayuntamiento de Barcelona sostiene que "resulta de la máxima urgencia ampliar la moratoria de lanzamientos a todas las personas en situación de vulnerabilidad" y recuerda que son muchos los países que los tienen prohibidos durante épocas de frío, sin necesidad de pandemia.
La semana pasada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para insistir en que es urgente modificar la moratoria de desahucios para que nadie en situación precaria se quede sin vivienda en este contexto de la pandemia de covid.
Este lunes, la presidenta de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado al presidente del Gobierno y al PSOE a poner fin a los desahucios y a regular los precios de los alquileres y ha reclamado al Govern de la Generalitat que desarrolle todas sus competencias en materia de vivienda para que no haya más desalojos.
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