De la migración económica al refugio, España como destino para buscar una vida mejor

Con la entrada en el siglo XXI, España entró igualmente en el grupo de destinos con una mayor llegada de inmigrantes. En estos veinte años, ese proceso migratorio presenta dos partes diferenciadas. Si en la primera mitad las motivaciones eran eminentemente económicas, en la segunda la palabra refugiado también suena con fuerza. De una forma u otra, el objetivo es el mismo: aspirar a una vida mejor.

La boyante economía española empezó a atraer a ciudadanos de otros estados en el año 2000. En 2005 ese desarrollo llevó a la creación de unos 900.000 empleos, de los que en torno al 40% fueron ocupados por extranjeros. Ese mismo año, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había puesto en marcha un proceso extraordinario de regularización del que se beneficiaron más de medio millón de inmigrantes, tras presentar un certificado de empadronamiento anterior al 8 de agosto de 2004 y un contrato de trabajo. En 2001, con José María Aznar en La Moncloa, se había llevado a cabo una iniciativa similar, en aquel caso por arraigo. Por esa vía se otorgaron papeles a casi 240.000 personas que acreditaron vivir en España desde inicios de año, su incorporación al mercado laboral o vínculos familiares con residentes en situación legal.

Nada hacía pensar entonces que se desencadenaría una Gran Recesión antes de que terminase el decenio provocada por las hipotecas basura y que afectaría principalmente a EE UU y Europa. Pero así fue y la tasa de desempleo nacional pasó del 8,3% en 2006 –la más baja desde 1979– al 25,8% en 2012. Muchos inmigrantes, uno de los colectivos más afectados, vieron truncadas sus esperanzas de prosperar y algunos decidieron incluso regresar a su tierra. Por primera vez en una década, la población extranjera descendía.

En ese contexto, en 2011, las protestas contra Bachar al Asad desembocaron en un conflicto armado en Siria –que no ha acabado– y esta última época ha estado marcada por la peor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial. En diciembre había en el mundo 79,5 millones de desplazados, según Acnur, de los que 13,2 millones eran sirios. La cifra global supone un nuevo récord que viene superándose desde 2015, cuando familias sirias, pero también afganas, eritreas o somalíes empezaron a llamar con fuerza a las puertas de Europa solicitando protección internacional. 

Henar de Pedro

Pocos han tenido la suerte de que se les deje pasar y ni siquiera la imagen del cadáver del pequeño Aylan, reflejo de la multitud de vidas ahogadas en el Mediterráneo y el Atlántico, cambiaron las cosas. Este año, solo en Canarias, el flujo de pateras está desde agosto en medias diarias comparables a las de la "crisis de los cayucos" de 2006-2008, lo que puede hacer de 2020 el segundo año con más llegadas a las islas del siglo. Y la cifra de muertos sigue creciendo.

Mientras, de las 60.198 peticiones de asilo resueltas en España el año pasado, solo 3.000 fueron favorables, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Y si entre 2006 y 2010 el país recibió 23.229 solicitudes, solo en 2019 la cifra fue de 118.446. La exigencia de un visado de tránsito a los originarios de Siria, Afganistán o Yemen ha provocado un acusado descenso en los expedientes procedentes de esas zonas y ahora, el 80% son de Latinoamérica.

Este drama le ha sacado los colores a la UE que desde hace años mantiene atrapadas a miles de personas en un campo de refugiados en la isla griega de Lesbos, hacinadas, en condiciones muy precarias, lo que ante la pandemia por Covid las expone aún a un mayor peligro. El de Moria sufrió un devastador incendio en septiembre y la 'solución' ha sido construir otro. Desde 2016 mantiene además un acuerdo con Turquía, que se comprometió a retener a demandantes de asilo a cambio de 6.000 millones de euros para atenderlos, acuerdo que Ankara empieza a incumplir.

La última polémica ha surgido con el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo. Mientras la CE asegura que "aumentará la confianza mediante procedimientos más eficaces y logrará un nuevo equilibrio entre responsabilidad y solidaridad", las ONG se vuelven a sentir defraudadas. "Han ganado los países del Visegrado, que quieren evitar la llegada de inmigrantes. El resto, por llegar a un acuerdo de mínimos, han cedido en líneas rojas muy importantes, facilitando que la solidaridad consista en un menú a la carta donde los Estados que no quieran acoger inmigrantes puedan aportar dinero para devolverlos", denuncia Estrella Galán, directora general de CEAR.

Ella cree que "las políticas de control de fronteras de la UE" han condicionado a España y lamenta que se hayan tratado de legalizar las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, se hayan "normalizado discursos" contra la inmigración "impensables en los 2000" o se esté "criminalizando la solidaridad". Lejos parece quedar el gesto del Gobierno en 2018 al acoger a los rescatados por el Aquarius frente a las costas de Libia cuando ningún otro país quería hacerlo.

Pero no todo son obstáculos. La ciudadanía suple la falta de apoyo político y así encontramos casos como el de María Jesús y Patxi, que acogieron en su casa a un joven pakistaní, o el de Arelis, una colombiana que se siente muy bien acogida. "Tengo poca confianza en las instituciones pero mucha en la ciudadanía y sobre todo en la posibilidad de que los migrantes acaben mostrando lo mucho que pueden aportar y enriquecer nuestras sociedades", augura Galán.

"En mis planes no está volver a Colombia. Estoy integrada aquí"

CRUZ ROJA

La vida de Arelis Santos ha dado un gran giro desde que llegó a España en diciembre de 1999. Aquella joven colombiana que aterrizó con una niña de dos años para reencontrarse con su pareja, y cuyos primeros meses aquí fueron "muy duros", es hoy una mujer "totalmente integrada" en la sociedad española. 

"Mi marido había venido buscando trabajo y yo le seguí por amor", relata. La familia se instaló en Yuncos (Toledo) y para Arelis el cambio fue "radical": "Soy contable. En mi país trabajaba en un banco y tenía mi independencia. Aquí estaba sin papeles, no conocía a nadie y pasé casi un año sin salir de casa". 

Finalmente encontró empleo como asistenta de hogar y en 2001 se benefició del proceso de regularización de inmigrantes realizado por el Gobierno. Con los papeles en regla, en 2003 entró en la oficina de Cruz Roja en Toledo, de auxiliar administrativo primero y de contable después, y allí trabaja desde entonces. Tuvo otra hija y hoy está divorciada. 

"Echo la vista atrás y el balance es muy positivo. He dado con gente muy buena", afirma y cree que "mucho tendrían que cambiar las cosas" para irse: "En mis planes no está volver a Colombia. He hecho mi vida aquí".