Un mes en blanco para renovar el CGPJ: la negociación con Bildu y la Ley Celáa alejan aún más a Sánchez y Casado

Hace justo un mes, en la segunda jornada de la moción de censura de Vox contra el Gobierno, Pedro Sánchez lanzó una propuesta a Pablo Casado. Le ofreció "aparcar" su controvertida reforma sobre el Poder Judicial para que PSOE y PP renovaran juntos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Han pasado 30 días y el resultado es nulo. Los contactos informales han continuado como antes, pero el acuerdo sigue a merced de que Sánchez y Casado den un visto bueno que los populares creen ahora más lejano que nunca, debido a la negociación entre Sánchez y Bildu y a la recién aprobada Ley de Educación.

"El contexto político no ayuda en absoluto, estamos viendo que Pedro Sánchez está podemizado", exclaman en en PP al término de una semana en la que han visto cómo el Gobierno se pliega a Bildu para sacar adelante las Cuentas y se aprueba una ley de educación que considera que perjudica a la concertada y que elimina el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de las comunidades con más de una lengua oficial.

Las diferencias entre Sánchez y Casado sobre la renovación del CGPJ son a todos los niveles, también el de las expectativas. Desde el Gobierno se transmite que el acuerdo con el PP está cerca. Esto le permitiría olvidarse definitivamente de una reforma legal para modificar el sistema de mayorías para elegir el CGPJ que Bruselas vigila con aprensión y que tampoco gusta nada ni al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ni a los otros dos jueces del Consejo de Ministros, los titulares de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ninguno de los tres apareció por el Congreso el día que los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, presentaron la reforma que pretende evitar el veto del PP facilitando la mayoría. 

En Moncloa afirman que "todo está pendiente" de que los "jefes", esto es, el presidente del Gobierno y el líder del PP, den el "ok político". También el ministro de Justicia se muestra optimista en que habrá acuerdo en un "plazo razonable", con una duración que sin embargo no se precisa.

Por el contrario, el PP afirma que "no se dan las condiciones". No solo porque el presidente no ha escuchado ninguna de sus tres condiciones para volver a sentarse a la mesa de forma 'oficial'. "Los pasos que está dando el Gobierno en política general no ayudan en absoluto", indican en el PP, en alusión a dos acontecimientos de la última semana que son insalvables para este partido: una negociación de Sánchez con Bildu para los Presupuestos que ha coincidido con un acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y la nueva Ley de Educación, que el PP estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Canal abierto pero sin avances

Campo es el interlocutor por parte del PSOE para negociar la renovación del CGPJ y su contraparte es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Les une una amistad desde hace décadas, lo que facilita que sus contactos no se hayan interrumpido nunca, ni siquiera cuando Sánchez y Casado rompieron las negociaciones el pasado verano. 

Esto también lo corroboran en el PP. "Hay interlocución, ese canal de comunicación no está cerrado", dicen, pero añaden que "no hay avances". Es más, los de Casado consideran que. haciendo saber que hay un acuerdo cercano, el ministro está "presionando" para que así sea, porque como juez está "incomodísimo" con la alternativa de Sánchez, elegir por mayoría absoluta junto a ERC o Bildu a los 12 vocales de designación parlamentaria, en lugar de hacerlo con la mayoría de tres quintos (210 diputados) que estipula la ley.

En realidad, esta reforma no solo incomoda al ministro. También a los jueces, a PP o Ciudadanos y hasta a la Comisión Europea que, en un gesto sin precedentes para una reforma legal que todavía no ha terminado, advirtió al Gobierno que la estará vigilando para que no afecte a la independencia judicial.

Horas después de que Sánchez ofreciera a Casado "detener el reloj", el PP puso tres condiciones, empezando por la retirada de esta reforma legal que un mes después continúa su tramitación en el Congreso. En este punto, Casado no oculta el desafío que mantenerla supone para el Gobierno, que si va demasiado lejos puede verse censurado por la Comisión Europea.

Además, el PP insiste en que Sánchez sigue "sin sacar a Podemos de la ecuación", es decir, sin renunciar a que haya vocales cercanos al partido morado, y que tampoco ha dado muestras de querer "despolitizar" el Poder Judicial.