La pandemia ha hecho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hayan volcado en la protección a las víctimas de violencia machista, con una atención más cercana que nunca, pues temían que el confinamiento con sus agresores agudizara su riesgo y provocara un repunte de las agresiones.

La comisaria María Jesús Cantos, nueva responsable del sistema de seguimiento policial de las víctimas de violencia de género Viogén, explica en una entrevista con Efe que, pese a los temores, no se produjo una explosión de la violencia más grave, pero sí un aumento de los "episodios menos graves" y de la "violencia a nivel digital".

En marzo, las denuncias por maltrato bajaron un 50%, en mayo empezaron a recuperarse y en julio alcanzaron los niveles habituales para esa fecha del año. Durante el confinamiento hubo más denuncias telefónicas que presenciales, narra Cantos, y se notó un incremento de las formuladas por familiares y vecinos.

La comisaria subraya que días antes de decretarse el estado de alarma, los cuerpos policiales se anticiparon y Viogén incluyó un aviso para que los agentes comenzasen a hacer revisiones de casos para evaluar la situación de las mujeres. "Se han hecho muchas revisiones de casos, muchos contactos con las mujeres que han denunciado. Se ha extremado el cuidado y la profesionalidad del trabajo de los agentes para estar al tanto de una situación tan complicada", señala. En concreto, durante los meses del primer estado de alarma se han efectuado 396.183 servicios policiales de atención a las víctimas.

Mayor despliegue de agentes

"El hecho de que se haya podido disponer de más agentes porque no se cometía otro tipo de delitos ha facilitado una mayor presencia policial en los casos de violencia de género", asevera Cantos.

De los 63.944 casos activos de mujeres maltratadas que a 31 de octubre figuran en Viogén, la Policía Nacional hace el seguimiento de 26.031 desde las Unidades de Atención a la Familia (UFAM). El jefe de sección de la UFAM Central, José Manuel Caro, aúna el trabajo en la prevención e investigación de los delitos sobre violencia de género, doméstica y sexual. También coordina la protección de las víctimas en toda España.

Explica a Efe que existen 173 unidades territoriales en comisarías locales y de distrito con funcionarios dedicados en exclusiva a atender a estas víctimas, entre ellos los alrededor de 500 agentes protectores. Son los que están en contacto telefónico permanente con la víctima y que durante estos meses han estado más vigilantes si cabe. Caro admite la notable disminución de quebrantamientos de órdenes de alejamiento durante los más de 50 días de confinamiento en los casos en los que la víctima reside lejos de su agresor.

Más se han incumplido las órdenes judiciales de no comunicarse con la víctima, una prohibición, explica el inspector, que va más allá de llamar a la pareja o expareja o mandarle un mensaje, porque se quebranta también si el condenado "pincha" solo el estado de wasap.

Otra realidad que ha aflorado son los casos de maltrato durante los meses de confinamiento. Si bien las denuncias cayeron durante el primer estado de alarma, ha sido en los últimos meses, y ya fuera de las restricciones estrictas de primavera, cuando las mujeres han dado el paso de relatar el maltrato.

Este delito, el de maltrato, tipificado en el artículo 153 del Código Penal, ha supuesto la mitad de todas las infracciones penales investigadas por la Policía Nacional entre marzo y junio. Para esas pesquisas, resalta Caro, han sido fundamentales los entornos domésticos. La UFAM ha incorporado a sus diligencias para investigar presuntos casos de malos tratos informes vecinales.

Y aunque no hay aún estadísticas oficiales, José Manuel Caro asegura que en estas denuncias el tipo de violencia ha sido preminentemente psicológica. "No hay cicatriz física, pero las secuelas que puede dejar esta violencia pueden ser muy notables tras tanto tiempo con una persona".

El papel de la Guardia Civil

Del total de casos que siguen las fuerzas de seguridad por el sistema Viogén, 25.690 le corresponden a la Guardia Civil, un cuerpo la que le corresponde actuar en el ámbito rural. "Llegamos a las víctimas de una forma u otra. Vamos a estar con ellas", enfatiza a Efe la cabo primero Mariam Valderrey, del Equipo Mujer y Menor (Emume) de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Una de las 54 unidades provinciales especializadas con las que cuenta el instituto armado, a las que se suman las 212 comarcales más la central.

De todos modos, según resalta Valderrey, todos los guardias civiles reciben formación en materia de violencia machista para que las mujeres puedan recibir una respuesta inmediata estén donde estén. Al igual que su compañero de la Policía, la cabo primero asegura que durante el estado de alarma han descendido los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento a los maltratadores.

De "forma exponencial" aumentaron esos meses los contactos telemáticos de los agentes con las víctimas y se potenciaron todas las vías para llegar a ellas, así como las contravigilancias. Porque, como recuerda la agente, el confinamiento impedía el acercamiento de la víctima al cuartel. Ante ello, se pusieron en marcha nuevas herramientas, como el botón en la aplicación AlertCops destinado exclusivamente a las víctimas y que "ha funcionado".

Valderrey hace hincapié en las especificidades de la violencia machista en el mundo rural, bastante diferentes al ámbito urbano. Muchas de las víctimas sufren una situación de maltrato prolongada en el tiempo, tienen más miedo a ser juzgadas, tienen más dependencia económica de sus parejas, el anonimato es casi imposible y las medidas de alejamiento que puedan decretarse son más difíciles, por que en pueblos pequeños ni siquiera pueden fijarse en 500 metros.

Una problemática "bastante particular" -subraya la cabo primero- a la que se enfrentan los agentes. Como contrapartida, señala la cercanía de la Guardia Civil con la población de esos pequeños municipios, lo que puede redundar en un afloramiento de los casos.