El pacto al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC para imponer una armonización fiscal en España que garantice que el pago de impuesto sea similar en todos los territorios está provocando un fuerte rechazo en algunas autonomías, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular.
La rebelión la encabeza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no ha dudado en defender a ultranza el modelo tributario madrileño ante los ataques de los independentistas catalanes, que han acusado a la región de hacer "dumping fiscal" al resto de autonomías.
"Seré la peor pesadilla de quien quiera tocar el bolsillo de los madrileños para pagar la fiesta al independentismo", ha amenazado la dirigente madrileña ante las palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien tachó de "paraíso fiscal de facto" montado por la "derecha" en Madrid.
En España, algunos impuestos, como el de patrimonio o sucesiones y donaciones, están cedidos a la comunidades autónomas, lo que genera cierta tensión tributaria entre los territorios. Por ejemplo, en Madrid, el impuesto de patrimonio está bonificado al 100%, por lo que no se paga nada, independientemente de la fortuna acumulada por cada persona. En cambio, en Extremadura, la autonomía en la que más se grava este impuesto, personas con un patrimonio de cuatro millones de euros pagan a la Junta casi 60.000 euros, mientras que para las de 15 millones la factura se acerca a los 420.000 euros.
En la armonización que estudiará el Ejecutivo central entrarían los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales y el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, esta regulación solo afectaría a las comunidades de régimen común y no a las que tiene conciertos especiales, como ocurre con el País Vasco y Navarra,
Esto provocaría, en caso de salir adelante la reforma fiscal, que mientras en Madrid, Cataluña o Andalucía se pagaría lo mismo por el impuesto de sucesiones y donaciones, los ciudadanos de los territorios vasco y navarro podrían seguir beneficiándose de tributos más bajos gracias a sus conciertos.
Esta singularidad fiscal está vigente desde finales del siglo XIX merced a los derechos forales de ambas comunidades. País Vasco y Navarra recaudan casi todos sus impuestos (excepto los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y el IVA), lo que les permite ofrecer, por ejemplo, numerosas ventajas fiscales tanto a las empresas como a trabajadores mediante el impuestos de sociedades y el IRPF.
Luego transfieren al Ministerio de Hacienda anualmente una parte de la recaudación, el denominado 'cupo' en el caso vasco y la llamada 'aportación' en el caso navarro, La cantidad transferida es en concepto de los gastos generales que el Gobierno asume por los servicios que presta en estos territorios (infraestructuras, Defensa, mantenimiento de las instituciones...).
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