El Gobierno achaca los retrasos en el ingreso mínimo vital al tiempo de"rodaje" de los trabajadores de la pública Tragsa

El ingreso mínimo vital, que el Gobierno prometió que llegaría a más de 800.000 hogares cuando estuviera operativo en su plenitud, sigue desplegándose muy lentamente. Apenas una pequeña parte de las familias que lo han solicitado han visto cómo su petición era tramitada y aprobada, y eso que el Ejecutivo recurrió a los servicios de la empresa pública Tragsatec para agilizar los trámites. Y precisamente, el Gobierno ha responsabilizado ahora de esos retrasos al tiempo de "rodaje" que han necesitado los trabajadores de esa compañía para adaptarse a la tramitación de las solicitudes.

Así lo sostiene el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta por escrito del senador de Vox José Manuel Marín, que el pasado setiembre quiso saber por qué Tragsatec "emitió una orden interna que podría retrasar e incluso paralizar, las peticiones del ingreso mínimo vital" y preguntó "qué instrucciones ha cursado el Gobierno a Tragsatec para agilizar los trámites para lograr el cobro de la ayuda".

En su respuesta, el Ejecutivo asegura que "la labor de Tragsatec se limita a la información, a la captura y al requerimiento a los ciudadanos de la documentación que sea necesario aportar en las solicitudes del ingreso mínimo vital y sirve, por tanto, para reducir el tiempo de tramitación de los expedientes" que luego termina de ejecutar la Seguridad Social. Y, según afirma, "en ningún caso se están produciendo demoras injustificadas" en la labor de Tragsatec.

"Lo que se ha podido describir como 'retrasos'" en la labor de gestión de Tragsatec antes de enviar los expedientes a la Seguridad Social "responde a la existencia de una fase de control de calidad que en los momentos iniciales introduce la empresa antes de que los expedientes sean trasladados a los funcionarios para su trámite", explica el Gobierno. Y aduce que "el número de expedientes de Tragsatec va en aumento en la puesta a disposición de la Seguridad Social desde las primeras solicitudes tratadas", dado que se ha superado el "natural" periodo "de rodaje" que necesitaba el personal. Transcurrido este, zanja el Gobierno, "se espera un ritmo de gestión ágil".

La puesta en marcha del ingreso mínimo vital fue anunciada a bombo y platillo por el Ejecutivo y se aprobó en mayo después de la presión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para acelerar los tiempos de una prestación compleja y que ha demostrado tener problemas a la hora de su concesión. Según el propio Gobierno, debería llegar a un total de 2,3 millones de personas, pero el número real de beneficiarios es actualmente muy inferior.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha hecho algunos cambios para intentar corregir el atasco burocrático, y también ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado una ampliación de la prestación para que pueda beneficiarse de ella más gente. Se podrá solicitar tras tres meses de caída drástica de los ingresos, y podrá beneficiar a dos personas de la unidad familiar y no solo a una, como hasta ahora, y además se reduce de tres a dos años el requisito de años de vida independiente que deben llevar los jóvenes para acceder a la prestación.