La intención del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de cambiar el modelo fiscal actual por el que las autonomías tienen la competencia de decidir sobre algunos impuestos e imponer una armonización fiscal que garantice que el pago de impuesto sea el mismo en todos los territorios ha reabierto el debate sobre la disparidad que existe entre los tributos que se pagan en cada región.
En la armonización que estudiará el Ejecutivo central entrarían los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, esta regulación solo afectaría a las comunidades de régimen común y no a las que tiene conciertos especiales, como ocurre con el País Vasco y Navarra,
Esto provocaría, en caso de salir adelante la reforma fiscal, que mientras en Madrid, Cataluña o Andalucía se pagarían las mismas cantidades por el impuesto de Sucesiones y Donaciones en todos los casos, los ciudadanos de los territorios vasco y navarro podrían seguir beneficiándose de tributos más bajos gracias a sus conciertos.
Esta singularidad fiscal está vigente desde finales del siglo XIX merced a los derechos forales de ambas comunidades. País Vasco y Navarra recaudan casi todos sus impuestos (excepto los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y el IVA), lo que les permite ofrecer, por ejemplo, numerosas ventajas fiscales tanto a las empresas como a trabajadores mediante el impuestos de sociedades y el IRPF.
Luego transfieren al Ministerio de Hacienda anualmente una parte de la recaudación, el denominado 'cupo' en el caso vasco y la llamada 'aportación' en el caso navarro, La cantidad transferida es en concepto de los gastos generales que el Gobierno asume por los servicios que presta en estos territorios (infraestructuras, Defensa, mantenimiento de las instituciones...).
¿Por qué ahora la armonización fiscal?
Pese a que los nacionalistas de ERC han vendido a la opinión pública que esta reforma fiscal ha sido impulsada por su formación como condición indispensable para aprobar los presupuestos, lo cierto es que el Ejecutivo de PSOE y Podemos ya tenía entre sus objetivos para esta legislatura actuar sobre los los impuestos cedidos a las autonomías.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente que la armonización fiscal "se tiene que producir en determinados impuestos" para garantizar "la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan".
El PP: "Es ilegal e inconstitucional"
El presidente del PP, Pablo Casado, por su parte, ha advertido a Pedro Sánchez que la armonización fiscal es "ilegal e inconstitucional" y ha afirmado que tanto socialistas como independentistas han puesto a la Comunidad de Madrid "en su diana". "La armonización fiscal es ilegal e inconstitucional en España porque es un Estado Autonómico y permite un margen fiscal a las autonomías, que pueden reducir o aumentar ciertas bases imponibles y tipos fiscales como el caso del IRPF o bonificar otros impuestos como el del Patrimonio, Sucesiones y Donaciones", ha manifestado Casado.
No obstante, dentro del PP, hay quienes no ven con malos ojos la armonización fiscal, aunque con matices, como los gobiernos autonómicos de Castilla y León o Galicia. Incluso en 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, se planteó esta medida.
¿En qué consistiría?
La propuesta del Gobierno, en un principio, no sería establecer un tipo fijo para las diferentes casuísticas de tramos, exenciones y bonificaciones que plantean los tributos cedidos a las regiones. La idea es que los gobierno autonómicos sigan gestionando estos impuestos pero estableciendo límites para las bonificaciones y rebajas.
El caso de la Comunidad de Madrid
En los últimos años varias comunidades autónomas han acusado a Madrid de aprovechar su posición privilegiada (ser lugar de residencia de grandes fortunas y acoger a las sedes de grandes empresas como consecuencia de capitalidad) para hacer dumping o competencia desleal en materia fiscal. En una comparecencia reciente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tachó de "paraíso fiscal de facto" montado por la "derecha" en Madrid.
En la región que preside Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, eI impuesto de Patrimonio está bonificado al 100% para cualquier contribuyente mientras que el de Sucesiones y Donaciones establece una bonificación del 99%.
Pese a la baja fiscalidad, la recaudación por los impuestos de gestión autonómica en Madrid creció un 3,9 % en 2019. Solo el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en 2019 aplicó nuevas bonificaciones para tíos, sobrinos y hermanos, a cierre del ejercicio había recaudado 508 millones de euros, 97 millones más que en 2018, lo que significa un incremento del 23,5%.
Otro dato que avala el modelo fiscal madrileños es su aportación al Fondo Estatal de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (la conocida caja común que paga la Sanidad y la Educación). El año pasado contribuyó con 4.100 millones de euros, lo que supone el 70% del total.
¿Cuánto pagaría por una herencia de 800.000 euros en cada CC AA?
En la actualidad, existen notables diferencias entre algunos impuestos cedidos de la comunidades, como suceden el Impuesto de Sucesiones. Como ejemplo un soltero de 30 años que hereda bienes por valor de 800.000 euros, donde más tributaría sería en Asturias, con una cuota líquida de 103.135,48, seguida de Castilla y León (81.018,76), Comunidad Valenciana (63.193,76), Aragón (55.466,81), La Rioja (32.342,86), Castilla-La Mancha (31.759,23) y Canarias (31.748,63). A estos territorios les seguiría Navarra (17.000), Cataluña (9.796,89), Baleares (5.950), País Vasco (3.150), Murcia (1.640,49), Extremadura (1.587,96) y Madrid (1.586,04). En Andalucía, Cantabria y Galicia no pagaría nada.
Otro ejemplo es el impuesto de Patrimonio. Para un contribuyente con un patrimonio por valor de 800.000 euros sin tener en cuenta los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, los territorios dónde más se tributa son Aragón (1.164,37), Extremadura (1.099,31), Cataluña (769,51) y Comunidad Valenciana (539,44). Les siguen Navarra (475,59), Baleares (280), Andalucía, Cantabria y Murcia (240), Asturias (220), Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Guipúzcoa (200) y La Rioja (50). Sin embargo, en Madrid, Vizcaya y Álava no tendría que pagar nada cualquiera que fuese su fortuna.
¿Qué opinan los expertos fiscales?
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha explicado en declaraciones a Efe que lo primero sería abordar la actualización del sistema de financiación autonómica, lo que permitiría desarrollar unas "reglas de juego" claras en las que fomentar la competencia fiscal. En su opinión, esta transparencia es clave para que los contribuyentes tomen sus decisiones ante las distintas opciones "ideológicas" de la política fiscal autonómica.
Por su parte, la presidenta de Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Stella Raventós, que defiende que cada comunidad autónoma tiene libertad para aplicar sus competencias en materia fiscal "y no se pueden quejar de que otros hagan lo contrario". Una armonización fiscal pasaría, a su juicio, por una modificación de estas competencias, lo que requeriría un debate profundo que incluyera la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (Lofca).
Respecto a las críticas a Madrid por su baja fiscalidad, Ángel de la Fuente, director de la Fundación Estudios Economía Aplicada FEDEA, ha asegurado en Cope que en términos de financiación neta de la comunidad "el efecto sede no se traduce en que Madrid tenga muchos más recursos que las otras CC AA, por lo que el colchón que le permitiría jugar con ventaja no existe”. "La apuesta de bajar impuestos para tener servicios peores es tan válida como subirlos para tener servicios mejores. Lo que no se debería hacer es demonizar una opción o la otra”, ha criticado respecto al ataque de otras regiones y partidos como ERC.
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