El Gobierno abrirá miles de ventanillas para presentarse a proyectos financiados por la UE que decidirá el Consejo de Ministros

Los Presupuestos de 2021 entrarán en vigor el 1 de enero y contemplarán un primer tramo de 27.000 millones de subvenciones del Fondo de la UE. Aunque todavía se desconoce cuándo empezarán a llegar estos recursos, a partir de entonces el Gobierno pondrá en marcha una maquinaria para financiar proyectos relacionados con la digitalización, la transición ecológica y la cohesión territorial y social con los que el Gobierno quiere transformar la economía y que se presentan como un maná para superar la crisis por la Covid. El Consejo de Ministros determinará qué proyectos se financian con el dinero de la UE y las empresas podrán presentarse a licitaciones a través de numerosas "ventanillas", que podrán ser tantas como como ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Gobierno aprobó este martes el Real  Decreto Ley de Modernización de la Administración Pública para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que espera reducir el "embudo" administrativo que tradicionalmente ha ralentizado la gestión de fondos y ejecución de proyectos con ellos, ahora que en los próximos seis años llegarán a España hasta 140.000 millones, entre préstamos y subvenciones, del Fondo de Recuperación y Resilencia de la UE.

Desde que el Gobierno empezó a prepararlo y reunirse para ello con empresarios y agentes sociales, uno de los grandes interrogantes de las empresas era adónde debían dirigirse para presentarse a las licitaciones públicas para participar en proyectos con los que acceder a estos fondos.

Fuentes del Gobierno indican que no existirá una ventanilla única, sino que habrá en la Administración General del Estado "hay tantas ventanillas como ministerios, es decir 22" porque cada uno de ellos, en el ámbito de sus competencias, planteará los proyectos estratégicos (llamados PERTE) que se financiarán con el fondo europeo y, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, convocarán licitaciones a las que podrán presentarse las empresas interesadas.

El número de ventanillas puede ampliarse hasta llegar a miles porque, tal y como apuntan las fuentes, el 52% de los fondos de la UE serán gestionados por las comunidades autónomas, de manera que el proceso se reproducirá en los gobiernos autónomos y sus consejerías y también en los ayuntamientos. Si son estos los que con la parte destinada a las administraciones locales convocan un determinado concurso, las empresas interesadas deberán acudir al consistorio en cuestión.

Grandes empresas

El lugar al que puedan dirigirse las empresas para participar en proyectos financiados por la UE es un punto intermedio en el proceso que prevé el decreto para gestionar miles de millones del fondo de la UE. Según su diseño y en términos generales, el control partirá del Consejo de Ministros y, frente a lo que se había apuntado en los últimos meses, el papel de las grandes empresas en el reparto de las ayudas quedará bastante disminuido, al menos sobre el papel. Fuentes del Gobierno no descartan que el presidente, Pedro Sánchez, las escuche, pero el papel que se dispone para las empresas del Ibex es su posible participación en los "foros" o "grupos de expertos" que podrá convocar cada ministerio para diseñar un determinado PERTE.

Las grandes empresas podrán presentarse a licitaciones, incluso por proyectos completos, dentro de Uniones Temporales de Empresas, pero "no establecer la naturaleza jurídica del PERTE o establecer proyectos", han apuntado este martes fuentes del Gobierno, que han incidido en que "no habrá diseño de proyectos por parte de las empresas privadas".

Sánchez, control "minuto a minuto"

Según el plan trazado por el Gobierno, cada ministerio ideará sus PERTES en el ámbito de sus competencias, que para su aprobación serán elevados al Consejo de Ministros, la instancia que tendrá la decisión última sobre si ven la luz. La reunión del Gobierno en pleno será la instancia última que dará luz verde a los grandes proyectos y a partir de cual se descuelga todo un sistema de gobernanza, donde destaca el control "minuto a minuto" que llevará Sánchez a través de su gabinete y la gestión que dirigirá el Ministerio de Hacienda, que será el interlocutor último con la Comisión Europea.

A principio de 2021, el Consejo de Ministros deberá aprobar el Plan Nacional de Recuperación con las grandes líneas de los proyectos que habrá que financiar, a propuesta de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

A partir de ahí, el "órganos máximo de gobernanza" de los Fondos de la UE será  la "comisión de transformación, recuperación y resilencia" que formarán el Consejo de Ministros y cuatro secretarios de Estado, de Economía, de Hacienda, de Presupuestos y de Derechos Sociales, de manera que así también el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias tendrá peso en las decisiones. 

En todo caso, en términos técnicos, el peso recaerá en la Dirección de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, que será la interlocutora con Bruselas. La ministra del ramo, María Jesús Montero, presidirá la comisión interterritorial de relación con las comunidades autónomas.

El peso "político" de control de los fondos también estará en Moncloa, en el Departamento de Economía y G20 del gabinete del presidente. Fuentes del Gobierno han negado este martes que vaya a ser una "ventanilla única" para dar o no fondos. Aseguran que su papel será "mantener informado al presidente" de lo que se vaya haciendo en el resto de instancias.

Acelerar los plazos

El Gobierno rendirá cuentas en el Parlamento cada tres meses sobre la gestión del Fondo de la UE, según un decreto con el que el Gobierno quiere hacer que la gestión de los fondo sea "más ágil, más corta, más eficiente y más ligera", según dijo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. 

Para ello, se acortarán hasta la mitad o en meses los trámites administrativos para financiar los proyectos. Según fuentes del Gobierno, el cauce se acortará por lo que respecta al trabajo dentro de la administración, porque los concursos seguirán adjudicándose bajo los principios de "competencia" y "transparencia". En este punto, el Gobierno prevé incluso "se excepcionarán" los estudios de evaluación medioambiental para determinadas actuaciones.

Además, el Gobierno tiene previsto redistribuir funcionarios para trabajar en la gestión de los Fondos de la UE y en casos extremos acudir también a ofertas públicas de empleo, También, hará una "evaluación de su desempeño", lo que dará lugar a "una retribución extraordinaria por objetivos" a los funcionarios, en función de "importante esfuerzo" que tendrán que hacer en algunos casos.