La negociación entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para prorrogar los ERTE derivados de la crisis del Covid-19 comenzó este viernes con dos importantes novedades. En primer lugar, según confirman fuentes del diálogo social, el Ministerio de Trabajo ofreció alargar los ERTE hasta el 31 de mayo, una prórroga más larga de lo habitual que podría satisfacer las exigencias de patronal y sindicatos. Y en segundo lugar, los empresarios reclamaron a Trabajo que suavice la cláusula por la cual las empresas que se hayan acogido a un ERTE por fuerza mayor deben devolver todas las exenciones fiscales de las que se hayan beneficiado si realizan despidos en los seis meses posteriores a salir del expediente.
Como en las anteriores ocasiones, Gobierno, patronal y sindicatos coinciden plenamente en que es necesario extender los ERTE, así que las grandes diferencias estarán en los detalles de esa prórroga. La CEOE siempre ha sido muy crítica con el endurecimiento del despido puesto en marcha por el Gobierno hace unos meses, y este viernes su presidente, Antonio Garamendi, pidió en una entrevista que las empresas que han estado sujetas a un ERTE puedan rescindir contratos en cualquier momento tras salir del expediente, una condición que el Ministerio parece poco proclive a aceptar.
Los empresarios no reclaman al Gobierno que acabe totalmente con la cláusula que penaliza el despido a estas empresas hasta seis meses después del fin del ERTE, pero sí exigirán durante la negociación que solo haya que devolver las ayudas percibidas por el trabajador que ha sido despedido tras un expediente temporal y no la totalidad de exenciones recibidas por la empresa. "Va a tener que haber ajustes de plantilla" y si no se hace de esta manera "se va a destruir" más empleo, argumentó este viernes Garamendi.
El encuentro mantenido este viernes por Gobierno, patronal y sindicatos fue únicamente una primera toma de contacto para la negociación de la prórroga de los ERTE, cuya vigencia en su actual formato finaliza el 31 de enero. Después de una negociación agónica el pasado septiembre, el Ejecutivo aspira a que estas conversaciones -que continuarán el próximo lunes- sean más sencillas, y busca poder alcanzar un acuerdo durante la semana que viene. "Las piezas clave del modelo están ya muy consolidadas y no debemos esperar grandes cambios", planteó el martes pasado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
Actualmente, unas 755.000 personas siguen afectadas por un ERTE, en torno a un tercio de ellas precisamente en el sector hostelero. Para pagar esos ERTE en noviembre se destinaron 781 millones de euros, que se suman a la potente inversión que ha hecho en esta partida Trabajo desde el inicio de la pandemia: entre abril y noviembre, la inversión en ERTE ascendió a un total de 14.173 millones de euros.
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