El Gobierno se ha negado hasta ahora a aprobar ayudas directas para la hostelería y comercio como reclama desde hace meses el sector, la patronal y la oposición y, al menos la parte socialista se ha mantenido este martes en sus trece, ahora también ante la petición que en ese sentido también llega desde el propio Consejo de Ministros, puesto que Unidas Podemos también ha hecho suya esta reclamación. Frente a la posibilidad de dar ayudas directas, dos ministros del ala socialista han recordado este martes que ya se han concedido ayudas indirectas por valor de 62.000 millones y que corresponde a otras administraciones -comunidades y ayuntamientos- socorrer con dinero contante y sonante a los hosteleros.

"Si esto no son ayudas para el sector, algunas directas y otras indirectas, me dirá ustedes cómo este volumen de ayudas se ha podido a poner a disposición", ha dicho la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las decisiones que ya ha tomado el Gobierno para ayudar a la hostelería y que siguen siendo insuficientes para quienes piden ayudas directas, ahora también desde la Vicepresidencia segunda del Gobierno.

En plena tercera ola y después de once meses de restricciones por la pandemia, Unidas Podemos se ha unido a la exigencia de que el Gobierno ponga en marcha un paquete de ayudas directas a sectores afectados por las  restricciones horarias y de movimiento, como la hostelería. 

Hasta ahora, esta reclamación se ha topado con la negativa del Ministerio de Economía que lidera Nadia Calviño, a la que este martes se han unido de forma muy contundente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Preguntados al término del Consejo de Ministros por la posibilidad de dar ayudas directas, ambos han recordado el millonario paquete de ayudas indirectas que, según los casos, han afirmado que pueden considerarse directas, como la asunción por parte del Estado de las cotizaciones sociales de los empleados, que suponen una ayuda directa para los empresarios.

También desde el ala socialista del Gobierno, en el Ministerio de Industria,  Comercio y Turismo recuerdan hoy que la concesión de ayudas directas a estos sectores es competencia de las comunidades, porque son ellas las que deciden si los establecimientos permanecen abiertos o cerrados o las restricciones de movilidad para frenar la pandemia. Apuntan además de que en el caso de que el Gobierno central quisiera crear un "mecanismo" para conceder ayudas directas a bares y restaurantes, esto tardaría meses, por lo que no les sería de gran ayuda,

Tal y como adelantó El País y confirmó 20minutos, los morados quieren reforzar con esta medida otras ayudas ya puestas en marcha por el Gobierno, como los avales y créditos ICO para hacer frente a la situación, las exenciones fiscales asociadas a los ERTE o la moratoria hipotecaria. Unidas Podemos argumenta que estas ayudas directas ya se están entregando en varios países europeos, y este martes el portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, recordó que también las han puesto en marcha algunas comunidades autónomas.

"Es comprensible que, para contener la pandemia, las comunidades autónomas obliguen a cerrar algunos sectores, como la hostelería", argumenta en este sentido el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. "Pero, lógicamente, estos sectores deben ser temporalmente compensados por esos cierres", como se hace en "Holanda, Alemania o Francia", sostiene, ya que si no se dan esas ayudas podrían aumentar "las quiebras de empresas en los próximos meses, y con ello el desempleo".

Organismos como la CEOE, por boca de su presidente Antonio Garamendi, o el Banco de España, por medio de su gobernador Pablo Hernández de Cos, también han pedido que se pongan en marcha ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia. "La línea de financiación del ICO ha sido absolutamente fundamental, pero nos encontramos en una situación en que las empresas se encuentran mucho más endeudadas", advirtió hace unas semanas Hernández de Cos.

Los morados, no obstante, se limitarán por el momento a presionar dentro del Gobierno y descartan, por ahora, presentar su propuesta en el Congreso. "De momento hay un debate en el seno del Gobierno que es bienvenido", y "ojalá encontremos desde ahí una forma de colaborar con las comunidades", planteó Echenique.

El ala socialista lo rechaza

Sin embargo, Montero ha recordado que el Gobierno ya ha destinado ayudas por valor de "más de 62.000 millones" para "minimizar los efectos" de las restricciones por la pandemia. En esta cantidad ha englobado los 40.000 millones que cuestan los ERTE, los 17.000 millones en créditos ICO, 1.400 millones a los autónomos o las rebajas fiscales que contempla el Plan Horeca por valor total de 4.000 millones. Se trata de ayudas indirectas que "en algunos casos son directas", como la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social por los trabajadores.

El Gobierno da préstamos especiales, exenciones fiscales, rebajas del alquiler y aplazamiento de impuestos en un plan para la hostelería sin ayudas directas

"Cuando hablamos de estas cifras que superan los 60.000 millones de euros es la formad e expresar las ayudas que tiene el Gobierno de España", ha dicho Montero en alusión a los ERTE, las moratorias del pago de impuestos o de las cotizaciones sociales.

Además, ha recordado que estas ayudas pueden "complementarse" con las que dan comunidades autónomas y ayuntamientos en el ámbito de sus competencias. Las del Gobierno central, ha remachado, están en los ámbitos fiscales o de la Seguridad Social.

Escrivá, titular de este Ministerio, ha asegurado que las ayudas indirectas del Gobierno pueden considerarse "de facto directas para todas aquellas empresas afectadas por la pandemia, de restauración, hostelería, hoteles y agencias de viaje".

"No solo estamos estamos exonerando en gran medida de las cuota a la Seguridad Social de trabajadores inactivos, sino también de los activos, las estamos exonerando de parte muy importante del coste sobre empleados introduciendo una ayuda directa", ha aseverado Escrivá.

Fuentes del Gobierno han recordado además este martes que en diciembre del año pasado el Ejecutivo dio luz verde al reparto entre las comunidades de hasta 10.000 millones del fondo europeo REACT -8.000 a cargo de 2021 y otros 2.000 a cargo de 2022- para reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero también a apoyar a las pymes y los autónomos de los territorios más afectados por la pandemia.