El millón de denuncias por saltarse el estado de alarma termina en solo 7.400 personas multadas
Saltarse el confinamiento domiciliario que impuso el Gobierno durante el primer estado de alarma decretado el año pasado entre mediados de marzo y finales de junio no ha tenido ninguna consecuencia para casi todas las personas que decidieron ignorar las normas en plena pandemia del coronavirus.
Del 1.142.127 denuncias que pusieron a lo largo de ese periodo los agentes de la Policía Nacional (286.980), la Guardía Civil (337.866) y las diferentes policías municipales y autonómicas sólo 7.408 finalizaron con expediente de sanción, lo que supone un 0,64%. Los desplazamientos no autorizados fueron las sanciones más comunes y su cuantía asciende a 601 euros.
Son datos que el Gobierno facilitaba el pasado mes de octubre tras una pregunta parlamentaria formulada por la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. La diputada del PP ha hecho públicas estas cifras en su cuenta de Twitter:
Hay que señalar que cuando los agentes denuncian a un ciudadano por haber cometido una infracción, lo que en realidad están haciendo es una propuesta de sanción. Esta propuesta es enviada a la Delegación de Gobierno pertinente. que es la encargada de iniciar el procedimiento sancionador y notificar al ciudadano la propuesta de sanción y su importe.
Los infractores, una vez informados, tienen 15 días para presentar alegaciones. Pasado ese periodo tiempo, si las alegaciones no han sido aceptadas, se decreta la sanción definitiva.
"Perplejidad" en la Guardia Civil
Estas cifras han indignado a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su "perplejidad" porque "cientos de horas de esfuerzo y sacrificio de guardias civiles y policías nacionales y locales, bajo condiciones de riesgo extremo de contagios y en no pocas ocasiones expuestos a reacciones airadas, hayan quedado de momento sin repercusión real sobre los infractores"
La AUGC cuestiona ahora al Ministerio del Interior "si este porcentaje tan bajo de sanciones materializadas se debe a un retraso por la gran acumulación de expedientes en un periodo tan corto o si, por el contrario, responde a otras cuestiones que, en este caso, deberían explicarse tanto a los trabajadores de la seguridad pública como a los propios ciudadanos".