El coste de los daños en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel en Barcelona asciende a un millón de euros

  • Aragonès apoya a los Mossos y a los trabajadores públicos, pero pide "evitar la criminalización" de los manifestantes.
Pintadas en las paredes, mobiliario urbano deteriorado y escaparates rotos era la imagen ayer en el passeig de Gràcia.
Pintadas en las paredes, mobiliario urbano deteriorado y escaparates rotos era la imagen ayer en el passeig de Gràcia.
Hugo Fernández.
Pintadas en las paredes, mobiliario urbano deteriorado y escaparates rotos era la imagen ayer en el passeig de Gràcia.

Unas 700 personas protestaron ayer en Barcelona contra los antidisturbios de los Mossos y en contra del encarcelamiento de Pablo Hasel, en la séptima noche de manifestaciones tras su detención.

Los manifestantes, convocados por los CDR, se concentraron a partir de las 19 horas en Arc de Triomf y, más adelante, marcharon hacia Via Laietana, donde se detuvieron ante la Jefatura de la Policía Nacional y lanzaron objetos contra el edificio. Tras varios avisos de intervención policial de los Mossos, los concentrados allí se fueron del lugar hacia calles de Ciutat Vella y, poco después, la manifestación se disolvió.

Las calles llevan ya una semana siendo protagonistas de las protestas y el Ajuntament de Barcelona estimó ayer que el coste de los daños producidos en el espacio público durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel asciende a un millón de euros. Desde el pasado martes hasta el domingo, 284 contenedores han sido quemados en la ciudad, lo que supone un gasto de 417.000 euros.

Los disturbios comportan, además, otros costes como 203.000 euros por limpieza, recogida de residuos y retirada de contenedores; 304.000 euros para reparar los daños en el pavimento y 80.421 euros más para los causados en alumbrado, semáforos, señalización, vallas y fuentes.

Además de los daños en el mobiliario público, durante los disturbios se han producido saqueos y destrozos en diferentes comercios. Foment del Treball y las asociaciones empresariales, hoteleras y de restauración de Barcelona criticaron el domingo los desperfectos acumulados durante la semana en la capital catalana y exigieron «responsabilidades» al Govern. Según el empresariado, los daños de la noche del sábado en Passeig de Gràcia se elevaron a 750.000 euros, con más de una docena de comercios saqueados y 75 establecimientos con escaparates destrozados. 

109 detenidos y 77 atendidos

Desde el inicio de las protestas hasta el pasado domingo, los Mossos han detenido a 109 personas en Catalunya. Durante la noche del domingo, se produjeron ocho detenciones: cinco por asaltar una tienda de ropa en el Passeig de Gràcia de Barcelona y entrar a robar, y tres por delitos de atentado contra los agentes de la autoridad y desórdenes públicos. 

Por otra parte, el juzgado de detenidos 2 en funciones de guardia de Barcelona decretó ayer prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los detenidos en las protestas. El tribunal acordó, sin embargo, libertad provisional para el resto, y la causa sigue abierta por los delitos de desórdenes públicos, daños, atentado, resistencia, hurto y robo con fuerza.

También entre el martes y el domingo, el SEM ha atendido a 77 personas, tanto a manifestantes como a agentes. El primer día de protestas, el martes 16, se produjo el mayor número de atenciones, con 33. 11 de ellas tuvieron lugar en la ciudad de Barcelona, entre las que se encuentra la joven que perdió un ojo tras recibir, al parecer, el impacto de un proyectil de foam de los Mossos. 

Aragonès apoya a los mossos

El vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente, Pere Aragonès, apoyó ayer a los Mossos d’Esquadra tras las protestas y los disturbios y mostró su rechazo ante la violencia y los saqueos.

En rueda de prensa, Aragonès pidió, por otra parte, «evitar la criminalización» de los manifestantes y abordar el descontento de la población desde la política: «Ser muy claros en la denuncia de los actos violentos, que no deberían producirse, no quita que sea necesario analizar las causas profundas de este malestar que tenemos que atender y debe ser objeto de prioridad en la próxima legislatura».

El vicepresidente aseguró que el Govern está comprometido con la libertad de expresión y el derecho a manifestación, pero remarcó que «los saqueos, la quema de mobiliario público y el enfrentamiento con los trabajadores públicos» no están recogidos en estos derechos, por lo que hizo un llamamiento a la calma y a que las movilizaciones sean pacíficas. Respecto a la actuación policial, según Aragonès, los Mossos d’Esquadra y los demás servidores públicos cuentan con «el total apoyo del Govern», y «si ha habido actuaciones incorrectas, se analizarán y se actuará de acuerdo con los procedimientos que existen para garantizar la buena praxis». Así, en cuanto al debate sobre el modelo policial, Aragonès dijo que es algo que compete al Parlament que «se va a constituir en las próximas semanas» y añadió que es un debate que se debe llevar a cabo «con serenidad», ya que estas decisiones «no se pueden tomar en caliente».

También señaló que, en este debate, se debe contar «con el punto de vista de los expertos, de los profesionales y de las entidades de defensa de los derechos que participan habitualmente en el análisis en materia de seguridad de Catalunya» y, además, «se debe hacer desde la confianza con los trabajadores públicos». 

Por su parte, los comuns anunciaron ayer que volverán a llevar al Parlament la propuesta de eliminar los proyectiles de foam en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, después de las actuaciones policiales de estos días. 

En rueda de prensa, el diputado en el Congreso y portavoz del partido, Joan Mena, dijo que rechazan cualquier tipo de conducta violenta en las manifestaciones por parte de los asistentes, pero también señaló que no les han gustado «algunas de las actuaciones policiales de estos días» y consideró que muchas de ellas no están amparadas bajo ningún protocolo policial.

Ciutadans, por otra parte, denunció ayer al conseller de Interior, Miquel Sàmper, por presunta prevaricación por «no proteger» a los Mossos durante las protestas. En cuanto al ámbito local, el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, pidió ayer «total apoyo» de los responsables políticos a los cuerpos policiales y rechazó revisar el modelo policial, aunque consideró que siempre se pueden realizar ajustes.

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