El acuerdo que desde hace días parecía "inminente" entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se frustró en la medianoche del jueves al viernes, debido a "escollos" que, de momento, hacen imposible el pacto. Los obstáculos son los nombres de en concreto tres jueces, propuestos cada uno de ellos por el PSOE, Unidas Podemos y el PP que han provocado vetos cruzados. Se trata de juristas con un marcado perfil ideológico o inmersos en casos que afectan a alguno de estos tres partidos. Tanto, como que son uno de los redactores de la sentencia de la Gürtel que condenó al PP por lucharse de esta trama de corrupción, la llamada 'jueza de podemos' y un juez de refuerzo del 'caso Dina', el proceso en la Audiencia Nacional por el que ha llegado a estar imputado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

El primero es el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, propuesto por el PSOE y a quien el PP rechaza de plano. La segunda, la exdiputada de Unidas Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género,  Victoria Rosell, propuesta por los morados y que igualmente se enfrenta al veto de los populares. El tercero es Alejandro Abascal, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que investiga el robo de la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias, propuesto por el PP y rechazado por el Gobierno.

Horas después de romperse las negociaciones -aunque no de manera definitiva, al menos para el Gobierno-, Pedro Sánchez y Pablo Casado dieron sus respectivas versiones de lo sucedido, culpándose mutuamente de hacer imposible el acuerdo. El presidente del Gobierno reclamó a los populares que "renuncien" a sus vetos. El líder popular manifestó la imposibilidad de aceptar las "puertas giratorias" que plantea el Ejecutivo planteando el paso directo de la política a la Justicia de Rosell.

Se trata de una cuestión de nombres, a pesar de que en Unidas Podemos y en el PSOE también se mantiene la teoría de que es el PP quien pone palos en las ruedas al acuerdo porque la renovación del CGPJ tal y como se prevé -con vocales del PSOE y PP, pero también de Unidas Podemos y otro del PNV- eliminará su mayoría en el órgano de gobierno de los jueces, del que depende el nombramiento de magistrados en tribunales que todavía tienen pendientes casos relativos a los populares, afirman las fuentes.

Sin embargo y en lo concreto, fuentes del Gobierno inmersas en la negociación no duraron el viernes por la mañana en afirmar que el problema son los "nombres" sobre qué personas pasarán a integrar el CGPJ, en concreto entre los 12 vocales -de 20 en total que tiene el CGPJ- que buscan consensuar Gobierno y PP y que serán votados por el Congreso y el Senado. Los otros ocho ya fueron elegidos directamente por parte de los jueces.

José Ricardo de Prada

El primero de los nombres conflictivos es el juez De Prada, un magistrado que se considera muy cercano a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, y que en los últimos años ha tenido un importante papel con respecto a los casos de corrupción en los que ha estado implicado el PP.

Por una parte, fue uno de tres magistrados del tribunal que juzgó el caso Gürtel y el ponente de una sentencia que fue polémica por sobrepasar los límites del caso que se juzgaba. De Prada firmó la resolución de mayo de 2018 que condenó al PP como "partícipe a título lucrativo" de la red corrupta que durante años establecieron personas pertenecientes a su partido, como su extesorero Luis Bárcenas, y empresarios como Francisco Correa. 

Se atribuye a De Prada la inclusión conclusiones acerca de que quedaba "acreditado" que el PP se financió con dinero negro que provocaron que otro juez del tribunal presentara un voto particular  al considerar que esto no era objeto de ese proceso y provocaron que fuera rechazado para continuar juzgando al PP, en este caso sobre su presunta 'Caja B'.

En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo no admitió el recurso del PP contra la sentencia de la Gürtel en una resolución en la que, sin embargo, conminó a eliminar de la misma los párrafos relativos a la supuesta 'caja B' del PP que se atribuyen a De Prada. Consideró que eran expresiones "excesivas" y algo irregular en la redacción de una sentencia.

Sánchez reclamó este viernes a Casado que renuncie a sus vetos, pero preguntado en concreto por la propuesta de De Prada, evitó hablar de nombres y pidió "no poner en duda" la trayectoria de los magistrados. "Los nombres que se ponen encima de la mesa no dejan de ser de personas con un currículum, acreditadas, con compromiso profesional", dijo el presidente, que en ningún momento dio señales de querer prescindir de este magistrado para el CGPJ.

Victoria Rosell

Tampoco por lo que respecta a la segunda jurista cuestionada para entrar en el CGPJ, Victoria Rosell. En este caso, la propuesta la hace Unidas Podemos y el rechazo a su designación es del PP.

El enfrentamiento está claro porque la misma Rosell ha aireado en redes sociales y en entrevistas su propuesta para ser vocal del CGPJ y el veto del PP a su persona, que ella misma explica por ser responsable de la lucha contra la violencia de género y también por haberse querellado contra el exministro del PP José Manuel Soria. "Que me expliquen qué le he hecho al PP que no me haya hecho el PP a mí", dijo la exdiputada de Unidas Podemos este viernes en TVE. 

El rechazo a Rosell es también manifiesto en las filas populares. Es a ella a quien se refieren los populares cuando denuncian que Sánchez quiere poner a funcionar las "puertas giratorias", de la política al Poder Judicial.

Este viernes, el secretario de Justicia del PP, consejero madrileño y el primer interlocutor con el Gobierno en la negociación, Enrique López, también dejó claro este rechazo. "El PP no quiere en el CGPJ una persona con ese perfil político, aunque sea magistrada", dijo este viernes de Rosell, en unas declaraciones en las que López también apuntó que De Prada fue un juez de "prestigio" cuando formó parte de la Corte Penal Internacional para los crímenes de la antigua Yugoslavia, pero "a día de hoy no puede ser".

Alejandro Abascal

Por su parte, Unidas Podemos está intentando mantener un perfil más discreto de lo que es habitual en lo tocante a la coalición e insiste en no hablar de nombres. Sin embargo, en las negociaciones también hay un nombre que, con el Gobierno en bloque, no está dispuesto a aceptar. 

Se trata de Abascal, que trabaja junto al juez de instrucción de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, junto al que en octubre del año pasado decidió elevar el 'caso Dina' al Tribunal Supremo, al entender que el vicepresidente debía ser investigado por un delito de encubrimiento y revelación de secretos, otro de daños informáticos y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham en noviembre de 2015.

El mes pasado, el Supremo archivó la causa y devolvió las actuaciones al juzgado de la Audiencia Nacional donde es coinstructor el juez Abascal, a quien el PP querría ver sentado como vocal en el CGPJ.