Una decena de empresarios amigos del rey emérito le habrían prestado los 4.395.901,96 euros que Juan Carlos I pagó a Hacienda para saldar la deuda tributaria que tenía por el dinero del que se benefició de la fundación Zagatka —de su primo lejano Álvaro de Orleans— para el pago de vuelos privados.

Tal y como recoge El País, los allegados de don Juan Carlos habrían hecho el ingreso mediante el préstamo, en algunos casos ante notario. Con esta fórmula se han evitado las donaciones para no pagar adicionalmente entre un 34 y un 40% en impuestos.

El proceso para recaudar los fondos necesarios con los que saldar las deudas del emérito con Hacienda comenzó en enero, cuando se elaboró una lista inicial con los nombres de 32 personas, todas ellas próximas a don Juan Carlos, según fuentes conocedoras de la operación que cita El País. Finalmente, la cifra bajó a la decena de amistades ya que el resto no pudo realizar a tiempo los trámites necesarios.

Según informó este viernes en un comunicado el abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, regularización efectuada ante "las autoridades tributarias competentes" ya ha sido satisfecha e incluye intereses de demora y recargos.

La fundación Zagatka fue fundada en 2003 por Álvaro de Orléans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, quien le sufragó los gastos de los vuelos privados entre 2007 y 2018.

Se trata de la segunda declaración voluntaria presentada por la defensa de Juan Carlos I después de la cumplimentada el pasado diciembre para saldar una deuda con Hacienda por un importe de 678.393 euros.

Para el sindicato de los técnicos de Hacienda Gestha, esta regularización, al igual que la primera, se realiza antes de recibir notificación formal de investigación, por lo que "la ley tributaria vigente respalda que el monarca emérito ya no habría cometido ninguno de los presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública" que se están investigando.

En una regularización hay que abonar tanto las cantidades que no se pagaron en plazo como un recargo, que aumenta a medida que lo hace el retraso con respecto al fin del plazo: 5% en los tres meses siguientes, 10% en los seis meses siguientes y 15% en los doce meses siguientes. Si la declaración se presenta más de un año después del fin de plazo, el recargo es del 20% e incluye intereses de demora.

Una vez presentada la regularización, la administración tributaria o la justicia pueden investigar al contribuyente si tienen indicios de que la declaración no está completa, pero no se pueden perseguir irregularidades relacionadas con la deuda tributaria reconocida y satisfecha.