La ley de vivienda y la polémica de la Fiscalía enfrentan a Sánchez con sus socios parlamentarios

Las turbulencias que existen dentro del Gobierno de coalición comienzan a reflejarse también en la relación del PSOE con sus socios parlamentarios, y en apenas unos días las formaciones independentistas, nacionalistas y progresistas que apoyan al Ejecutivo en el Congreso le han dado tres avisos de su descontento. 

El primero fue en relación a la ley de vivienda, cuya negociación sigue avanzando con muchísima lentitud. Pero en la última semana, asuntos como las noticias que afectan al rey emérito y las infantas Cristina y Elena, o la entrevista de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con el periodista Eduardo Inda el mismo día que el excomisario Villarejo salía de la cárcel han tensado la relación del Gobierno con unos partidos a los que necesita para sacar adelante sus iniciativas.

La relación entre el Ejecutivo y las formaciones que lo apoyan frecuentemente en el Congreso –ERC, PNV, EHBildu, Más País o Compromís– nunca ha sido idílica. Estos partidos se quejan habitualmente de que el Gobierno da por hecho que cuenta con sus votos y no negocia con ellos asuntos como la convalidación de los reales decretos hasta que se ve en riesgo de perder una votación. El presidente Pedro Sánchez, de hecho, ya ha tenido varios sustos en el parlamento y ha tenido que conseguir los apoyos a última hora para salvar iniciativas.

Pero los choques de los últimos días son distintos y más serios, porque revelan profundas diferencias políticas con el PSOE. Un buen ejemplo de ello tuvo lugar hace diez días, cuando todos los socios nacionalistas, independentistas y progresistas del Gobierno –a excepción del PNV– firmaron un manifiesto promovido por movimientos sociales y otras organizaciones, como CCOO y UGT, exigiendo a los socialistas que rectifiquen su posición en la negociación de la ley de vivienda y se avengan a cumplir el pacto que firmaron en octubre para establecer una regulación de precios del alquiler.

Además de firmar este documento –que también suscribió Unidas Podemos–, ERC y EH Bildu solicitaron formalmente en el Congreso la comparecencia del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para "dar explicaciones ante el enésimo intento de incumplimiento del PSOE", en palabras del portavoz republicano Gabriel Rufián. Y lo cierto es que, para ERC, la limitación de los alquileres se trata de un asunto muy sensible, porque los republicanos pusieron esta regulación como "condición sine qua non" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado a finales del año pasado.

Las noticias sobre la Casa Real y la Fiscalía

A este choque se ha unido en los últimos días la polémica desatada por la regularización fiscal de cuatro millones de euros que ha llevado a cabo el rey emérito Juan Carlos I, a la que siguieron las informaciones –confirmadas por ellas mismas– de que las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra la Covid-19 cuando viajaron a Abu Dabi precisamente para visitar a su padre. El pasado jueves, ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, EH Bildu, Más País, Compromís y BNG solicitaron en el Congreso la comparecencia de Felipe VI y de Sánchez ante el pleno para informar sobre estos episodios.

Obviamente, la comparecencia del rey en la Cámara no puede producirse. Pero sí la de Sánchez, aunque fuentes del PSOE confirman que la bloquearán. Falta por ver qué hará Podemos, que no responde sobre cuál será su posición. No obstante, los morados sí registraron junto a las pequeñas formaciones progresistas y nacionalistas una solicitud para abrir una comisión de investigación en el Congreso "sobre las presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por el emérito". Como ha ocurrido en otras ocasiones, previsiblemente el PSOE unirá sus votos a PP y Vox para no tramitarla.

Los morados, junto a ERC y EHBildu, también han solicitado que comparezca en el Congreso la fiscal general Dolores Delgado. "Es muy grave que se reúna en secreto con los socios de las cloacas del mafioso Villarejo", denunció el jueves el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Los morados rompen así la tregua que mantenían con Delgado desde que entraron al Gobierno, ya que en 2018 llegaron a pedir su dimisión cuando era ministra deJusticia.