Luz verde a la red pública de cuidados infantiles: presupuesto, criterios, plazos... estas son sus claves

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Corresponsables, con el que tiene previsto invertir 200 millones de euros en políticas de conciliación y cuidados dirigidas a las familias. El objetivo principal es la creación por parte de cada comunidad de una bolsa pública de cuidadores infantiles. 

La iniciativa ha llegado a la reunión semanal del gabinete tras ser acordada con los Ejecutivos regionales. El Ministerio de Igualdad, responsable de esta medida, ha presentado una propuesta que fija las cuestiones principales pero aún hay puntos que cada autonomía deberá concretar. 

Estas son las claves que se conocen hasta el momento de un plan calificado de "semilla" por parte de la cartera que dirige Irene Montero, con el que por primera vez el Estado se hará corresponsable de la conciliación de los hogares con hijos menores de 14 años. 

Criterios para optar al plan

La propuesta de acuerdo recoge que los procesos de acceso a los programas que se impulsen "deberán tener en cuenta el nivel de renta y las cargas familiares de las personas que pretendan participar" en ellos. Ese nivel de renta deberá ser establecido por cada Gobierno autonómico. 

También se determina la prioridad de atender a familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia machista, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.

"Las comunidades deberán hacer un estudio de a cuántas personas llegar. La idea es que sea al máximo posible", ha respondido la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, al ser preguntada en un encuentro con los medios por el número de familias que se verán beneficiadas. 

Contratación de personal

Además de apoyar la conciliación, el Plan Corresponsables pretende cumplir un segundo objetivo: "crear empleo de calidad" y poner en marcha un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o "vías no formales". Vera ha especificado que se trata sobre todo de incorporar al mercado laboral a jóvenes especializados en los cuidados, "dada la alta tasa de paro juvenil que sufre España", así como a mujeres que trabajan en este ámbito "de forma invisible" y "muy a menudo cobrando en negro". "Queremos cuidar a las cuidadoras y reconocer su experiencia", ha expresado, con especial atención a las mayores de 45.

La contratación dependerá también de las comunidades y serán ellas las que determinen la forma en la que se acredite ese reconocimiento. "Lo harán con nuestra ayuda y seguimiento. El ministerio estará pendiente de que las premisas básicas, como que sea empleo digno y de calidad, se cumplen pero hemos sido laxas con las obligaciones este primer año porque pretendemos que puedan atender esta cuestión de manera urgente", ha indicado la secretaria de Estado. 

Lugar de prestación del servicio

La atención se prestará a domicilio por un número determinado de horas semanales. También se habilitarán dependencias públicas para que los niños puedan ser atendidos en ellas, tales como escuelas, centros municipales o polideportivos. La secretaria de Estado ha remarcado que esto no será un cheque bebé y que las familias no podrán optar directamente al dinero.

Reparto del presupuesto

De los 200 millones con los que cuenta el proyecto, 190 serán transferidos a las comunidades. La número 2 del ministerio, que espera que poder contar con una cuantía mayor en los Presupuestos Generales de 2021, ha explicado que para llevar a cabo el reparto se ha tenido en cuenta como variable principal la cantidad de menores de 14 años que tiene cada territorio. En segundo lugar ha pesado la dispersión de la población. 

"Uno de los elementos prioritarios va a ser el de la despoblación. Creemos que tenemos una tarea pendiente con el equilibrio de servicios entre la España vaciada y las grandes ciudades. Tenemos que dar cobertura a las zonas despobladas", ha señalado. A partir de ahí se han tenido en cuenta la superficie, las grandes urbes, la insularidad y el hecho de ser ciudad fronteriza, por ese orden.

De esta forma, los territorios que mayor partida reciben son Andalucía, con algo más de 30 millones; Cataluña, con 23,2 millones; la Comunidad de Madrid, con 22,1 millones, y la Comunidad Valenciana, con 16,4 millones. Fuera de la distribución quedan el País Vasco y Navarra por sus diferentes regímenes fiscales. 

Plazos

La propuesta aprobada ya por el Gobierno es fruto de las reuniones mantenidas entre Igualdad y las administraciones autonómicas, tanto bilaterales como a través de comisiones sectoriales. Tras recibir luz verde por parte del Ejecutivo, el acuerdo deberá ser ratificado en una nueva conferencia sectorial, que se celebrará "a finales de este mes o principios del que viene" y que presidirá Montero. 

"A partir de ahí estaremos en condiciones de hacer las transferencias desde la Secretaría de Estado", ha avanzado Vera, quien ha augurado que las familias podrán empezar a beneficiarse de este plan en el mismo mes de abril. "Así como en otras cuestiones se dan debates intensos, en este sentido hay bastante unanimidad", ha celebrado.