La financiación de ambas instituciones sería privada, como ahora, y podrían recibir subvenciones públicas, siempre que no superen el 50% de sus ingresos. La fórmula permite así la búsqueda de operadores económicos internacionales que puedan colaborar en desarrollo de la actividad ferial, ha explicado el subsecretario de la Conselleria Natxo Costa.
La solución ideada por Economía plantea llevar al pleno del Consell un Decreto-Ley por vía "urgente" para la reconversión jurídica de las instituciones feriales valencianas, con voluntad de que se tramite como proyecto de ley ante Les Corts Valencianes.
El decreto-ley entraría en vigor de manera inmediata y en el plazo máximo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), el parlamento valenciano tendría tres opciones: primera, convalidarlo; segunda, rechazarlo (en este último caso solo habría estado en vigor un mes); y tercera aceptarla como proyecto de ley y tramitarla para su debate y modificaciones oportunas en la cámara y así acabar convirtiéndose en ley.
La propuesta, presentada ante los empresarios, así como a la Conselleria de Hacienda, y remitida al Ayuntamiento de Valencia y a las Cámaras de Comercio, pretende "reconocer de facto y por ley lo que en la práctica ya venía pasando" y viene a resolver la "incorrecta" definición de la naturaleza jurídica de las ferias, ajustándose "perfectamente" a la normativa en materia de ferias, ha subrayado Costa.
En su opinión, constituye además una "oportunidad histórica para definir la colaboración entre las cámaras y las ferias en materia de internacionalización" y asegura que es una solución "tan buena" que "la copiarán en pocos años" y otras ferias se convertirán en 'corporaciones de interés público'.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
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