El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, sorprendió este lunes con la nueva propuesta del Gobierno para retrasar la jubilación: dar un incentivo de hasta 12.000 euros a los trabajadores por cada año que acepten retrasar su retiro. Con ello se pretende retrasar la edad de jubilación y contribuir a sanear el sistema de pensiones.
Sin embargo, varios expertos consultados por 20minutos apuntan que una medida así entraña el riesgo de que se acabe gastando más de lo que se pretende ahorrar. Otros, como la Fundación Adecco, consideran que es un buen punto de partida, pero que tiene que ir acompañada de reformas de calado en el sistema.
José Antonio Herce, socio fundador de la consultora LoRIS (Longevity and Retirement Income Solutions) señala que, efectivamente, el incremento sostenido de la esperanza de vida exige demorar la jubilación. En España, considera, hay un "retraso descomunal", pues se debieron adoptar medidas hace mucho tiempo.
"Ahora mismo es mucho más caro pagar una jubilación durante 22 años, que es la media de lo que se vive hoy una vez cumplidos los 65, que durante los 17,4 años que se vivía de más a esa edad hace 30 años, cuando la esperanza de vida al nacer era seis años menor que en la actualidad", observa Herce. "Pero las cosas no han cambiando en todas estas décadas, lo que hace que estemos incurriendo en déficits mayores de manera estructural solo por este hecho".
"Se necesita disparar con mucha pólvora para lograr el objetivo"
Sin embargo, el problema con la propuesta de Escrivá es que la mayoría de los trabajadores desean llegar a su jubilación, con lo que el incentivo para retrasarla tiene que ser muy fuerte. "Se necesita disparar con mucha pólvora para lograr el objetivo".
"Se corre el riesgo de que al final el sistema gaste más de lo que se ahorra", señala Herce, y explica: "A muchos no les compensa ya seguir trabajando porque la pensión reemplaza en muy buena medida los sueldos que tienen, incluso a los sueldos medios o bajos por encima del 100%. Por lo tanto, hay que dedicar unos recursos enormes a convencer al grueso de trabajadores para que no se jubilen".
Una mejor opción, agrega, sería indexar la edad de jubilación a la esperanza de vida. Aunque Herce admite que sería "muy impopular".
"Este año estamos en la jubilación a partir de 66 años, nos queda llegar a los 67 en 2027", señala, en referencia al aumento progresivo en la edad de jubilación vigente en España. "Estamos aumentando la edad de jubilación a un ritmo de dos meses por año, es un ritmo muy importante y a muchas personas les está resultando oneroso. El incentivo es más popular, pero más caro y puede que no tan eficaz".
Medida insuficiente
Jorge Campmany, especialista en Derecho Laboral y socio director del despacho Campmany Abogados, explica que en España existe un periodo de transición en la edad de jubilación. A partir de la reforma de 2011 hay dos edades de acceso: Los que este año han cotizado más de 37 años y 3 meses, se pueden jubilar a los 65. Para quienes tengan menos cotización, la edad de jubilación ordinaria es de 66 años.
Estos límites se irán elevando progresivamente hasta 2027. En esa fecha, quien tenga más de 38 años y medio cotizados podrá jubilarse a los 65, y quien tenga menos cotización, a los 67 años.
Campmany estima que la medida propuesta por Escrivá va a ser insuficiente para promover el retraso voluntario de la jubilación, tomando en cuenta que el bono solo representa cerca de una tercera parte de lo que el trabajador cobraría si se jubila.
Además, ya hay incentivos que pagan entre un 2% y un 4% extra por cada año que se retrasa la jubilación "de por vida y no por una única vez", y no por ellos se ha elevado el retraso en las jubilaciones.
Campmany apuesta por penalizar más las jubilaciones anticipadas, porque actualmente la gente las está cogiendo "en masa" por el "efecto llamada" que han hecho los planes del Gobierno de hacerla cada vez más gravosa.
Y es que ahora mismo, las reducciones que impone el sistema en la jubilación anticipada no significan ningún incentivo para los ciudadanos. "Actualmente solo se le quita a la pensión máxima, que este año es de 2.700 euros, un 0,5% trimestral o 2% anual, o un 4% si se anticipa 2 años a los 63 años; estas personas se jubilan porque no tiene ningún incentivo para continuar. Lo que se tendría que hacer es aumentar esto".
En la propuesta presentada este lunes por Escrivá hay algunas directrices en ese sentido, que Campmany considera insuficientes. "La solución óptima, que es poco populista, es incrementar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada", señala el experto. "Va a ser más efectivo si se quita un porcentaje importante de la pensión por jubilarse antes".
¿Te parece bien que se pague hasta 12.000 euros a quienes quieran seguir trabajando a partir de los 67 años?
María Romero, experta en pensiones, y consultora del área de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales, señala que el reto es acercar la edad real de jubilación a la legal, que ahora mismo está en 66 años. La gente se está jubilando de media a los 64.
De hecho, agrega, hay estudios que señalan que la edad legal de jubilación debería incrementarse hasta los 70 años para garantizar la sostenibilidad del sistema, con lo que la actual reforma, que prevé dilatar la edad efectiva hasta la legal, es decir, los 67 años en 2027, se mostraría insuficiente.
El bono, equivalente a los incentivos actuales
Romero indica que los incentivos actuales, que aumentan entre un 2% y un 4% la pensión por cada año que se retrasa la jubilación, tal vez sean equivalentes a los bonos que ha sugerido Escrivá. aunque aclara que habría que hacer cálculos para corroborarlo.
Es decir, que si se calculara todo el dinero extra que un pensionista recibirá durante su vida de jubilado gracias a los incentivos previstos ahora en la ley, probablemente resulte en una cantidad similar a la que puede recibir a través de los bonos propuestos por el ministro.
Pero los incentivos actuales han demostrado poca efectividad, señala Romero, ya que se producen pocos retrasos del momento de jubilación. Recuerda que el mismo Escrivá admitió que solo un 7% de los encuestados en un estudio hecho por su departamento demostraron estar bien informados de las ventajas que ahora mismo la ley otorga a quienes deciden prolongar su vida laboral.
"No han sido efectivos a la hora de incentivar la dilatación de la jubilación, y habrá que ver hasta que punto este nuevo bono es lo suficientemente poderoso para convencer a las grandes oleadas de futuros jubilados que vamos a comenzar a ver en los próximos años y que van a poner entre las cuerdas a un sistema que tiene problemas de sostenibilidad muy significativos", indica la experta.
Reformas "de largo plazo"
Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, considera que las propuestas del Ministerio de Seguridad Social son un buen punto de partida, pero que deben ir acompañadas de otras "soluciones con calado real y de largo plazo".
"La prima de hasta 12.000 euros por año adicional trabajado va en esta línea y constituye un buen estímulo inicial", señala Mesonero, "Sin embargo, por sí sola puede resultar insuficiente".
El director de la Fundación Adecco puntializa que no se trata solo de lograr la permanencia de los trabajadores en las empresas, sino de hacerlo en las mejores condiciones, "garantizando el mantenimiento de su cualificación profesional y motivación a medida que cumplen años".
"Es fundamental invertir en políticas activas de empleo y en acciones de reskilling y upskilling en el marco empresarial, que posibiliten a los trabajadores más veteranos seguir aportando valor a medida que cumplen años", considera.
Los resultados transformadores no se consiguen "a golpe de prestaciones", agrega, sino con un cambio cultural. "De modo que los trabajadores prolonguen su vida laboral porque realmente quieran hacerlo, a la vez que las empresas no les mantengan por temas económicos, sino por sus competencias y la aportación de valor del talento sénior", considera Mesonero.
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