La vivienda es el uno de los pilares fundamentales en el plan de recuperación de España para acceder a los fondos europeos. De hecho, es la segunda mayor partida de este plan, con un total de 6.820 millones de euros para el periodo 2021-2023 (un 9,8% del total de las inversiones previstas en esos años). Se esperan reformas en el sector, entre las que destacan la nueva ley de vivienda, y también cuantiosas partidas para inversiones en rehabilitación de edificios o para construir viviendas de alquiler social, destinadas sobre todo a los jóvenes.

Para poner el dato en contexto, en el plan de Presupuestos Generales del Estado de 2021 se consignaron para actuaciones en materia de vivienda un total de 2.250 millones de euros, una cifra muy superior a la de 2019 –697 millones– y 2018 –481 millones–. Los 6.820 millones de fondos europeos, por tanto, superan ampliamente esas cantidades.

A pesar de que el plan está poco detallado, el Gobierno sí concreta que 1.000 millones irán destinados a la construcción de viviendas de alquiler social y para apoyar todas aquellas medidas que permitan "incrementar sustancialmente la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible, contando con la colaboración del sector privado", según explica el Ejecutivo en el documento.

Además, el Gobierno tiene reservada una partida de inversiones para rehabilitar edificios, centrando esas operaciones especialmente "en barrios o zonas delimitadas en función de su nivel de renta". En este sentido, considera que estas actuaciones tendrán "especial incidencia en colectivos vulnerables" incluidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

En esta misma línea, el plan también contempla un proceso para trabajar en la eficiencia energética de los edificios y tiene intención de aprobar una Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido que busca "declarar la calidad de la arquitectura y del entorno construido como bien de interés general".

La nueva ley de vivienda es otra de las partes que se recogen en el plan de reformas que se remitirá a Bruselas. Sin embargo, aquí tampoco se concreta demasiado, ya que el asunto ha levantado divisiones en el seno del Gobierno, especialmente en torno a la regulación del precio del alquiler. Mientras que Unidas Podemos insiste en limitar los precios –como pactaron socialistas y morados el pasado otoño–, el PSOE propone otorgar incentivos a los propietarios.

En todo caso, el Gobierno defiende en el plan de reformas que esta futura norma "constituye la respuesta por parte del Estado a la obligación que, en el marco de sus competencias constitucionales", le incumbe en la protección del derecho a "acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute y contribuye al principio clave de asequibilidad de la vivienda eficiente".

El Gobierno fía a los fondos europeos dos puntos del PIB y la creación de 800.000 empleos

Por otro lado, el plan relaciona las actuaciones en materia de vivienda con el reto de la despoblación, y se incluye un programa de regeneración y reto demográfico, dirigido a proyectos públicos y privados en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes "para la eficiencia energética de edificios, la generación y consumo de energías renovables y asegurar el despliegue de la movilidad eléctrica".

102 reformas y 110 inversiones en total

Entre 2021 y 2023 España tiene previsto utilizar 70.000 millones de euros de los 140.000 que le corresponden de los fondos europeos. El clima, la vivienda y la modernización de las administraciones públicas son las tres grandes prioridades, que, según asegura el Gobierno, van en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea. De hecho, las reformas (un total de 102 en todo el plan) e inversiones (110) tendrán que contar con el visto bueno del Ejecutivo comunitario para poder, primero, recibir el dinero y, segundo, ejecutarlas.

España es el segundo mayor beneficiario del fondo de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, solo superado por Italia (que recibirá en torno a 209.000 millones). El Gobierno calcula que las primeras ayudas llegarán "a partir de junio", una vez que todos los Estados miembros hayan refrendado la Decisión sobre Recursos Propios. Es una condición necesaria para que se inicie el desembolso y, de momento, faltan diez Estados miembros por aprobarla.