Las diligencias que abrió de oficio el pasado martes la Fiscalía Provincial de Madrid contra el cartel electoral de Vox al 4-M en el que se comparaba la pensión de una jubilada con el supuesto coste de mantener una plaza para un menor extranjero no acompañado (a los que se denomina por el acrónimo 'mena') han terminado en una denuncia ante un juzgado de Instrucción de Madrid.
Así lo ha señalado este jueves la Fiscalía, que en un comunicado señala que ve en el mensaje de Vox un posible delito de odio y reclama que sea retirado de la estación de Sol, donde fue instalado el martes pasado, "en el plazo más breve posible".
La denuncia del ministerio público se ha presentado este jueves ante el Juzgado de instrucción 53 de Madrid. Entre otras aspectos, la Fiscalía cree que en el mensaje electoral de Vox "se traslada no solo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un menor extranjero no acompañado enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, sino también una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial".
La retirada inmediata del cartel que pide el ministerio público como medida cautelar no solo afecta al de la estación de Sol de Cercanías Renfe, sino a los de igual contenido que estén expuestos en otros lugares de la región. Para la Fiscalía, que esta publicidad electoral sea retirada devuelve la seguridad a un colectivo, el de los menores migrantes, que por su situación vulnerable debe ser destinatario de medidas de especial protección. "Estos menores no nacionales son menores que carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional", alegan.
Si el juez de Instrucción admitiera esta medida cautelar, el derecho de Vox a realizar propaganda electoral durante la campaña no se vería menoscabado, argumenta la Fiscalía, porque "el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada se solicita puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña".
El delito de odio, recuerda la denuncia, integra varios tipos en los que el bien jurídico protegido "es la dignidad de la persona, individualmente y como parte de determinados colectivos".
La instalación de este cartel provocó el rechazo unánime de todo el arco parlamentario y de cuantiosas organizaciones sociales, pero Vox mantiene que la situación que evidencia la publicidad electoral es verídica, aunque la Comunidad de Madrid ha matizado las cifras, e insiste en que reiterará el mensaje. Así las cosas, el diputado Javier Ortega Smith ha advertido este jueves en el Congreso que su partido seguirá exhibiendo carteles que, según él, denuncien "la verdad" de lo que les cuesta a los españoles la inmigración ilegal.
"No solo seguiremos haciéndolo, sino que ya veo que a ustedes les molesta mucho que pongamos en evidencia lo que nos cuesta a los españoles la inmigración ilegal y lo mucho que se desprecia y lo poco que se gasta, por ejemplo, en las viudas y en los jóvenes españoles", ha respondido al diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés, que ha criticado el cartel de Vox.
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