El PP dice que es un "atropello" que las familias cuenten con sólo "seis días hábiles para matricular a sus hijos"

Para Garrido, "la falta de tiempo para que las familias matriculen a sus hijos también es un nuevo atentado a la libertad de elección de centro". En este sentido, ha señalado que "el Gobierno de La Rioja obliga a las familias a realizar un sobresfuerzo injustificado por su mala gestión. El Ejecutivo de Andreu es el único culpable de que 2.330 familias riojanas tengan que matricular a sus hijos en apenas 6 días hábiles".

"Ya es hora de que el Gobierno haga bien su trabajo y no se aproveche de la buena voluntad de las familias, de los profesores y de los centros", ha explicado en comparecencia de prensa, en la que ha recordadoque el plazo será de seis días "frente a los 30 días que había con los Gobiernos del Partido Popular".

"No es justo que las familias y los centros deban pagar las consecuencias de la muy deficiente gestión de la Consejería. Por segundo año consecutivo, el Gobierno es incapaz de organizar un proceso de matriculación donde prime la serenidad en los plazos, la estabilidad en las normas y el respeto a la seguridad jurídica", ha destacado.

Esta "nueva chapuza" del Gobierno de La Rioja refleja una vez más la "mala gestión" de la Consejería de Educación y de su equipo directivo, ha afirmado. "Se podría decir con ironía que parece que son los únicos que no sabían en septiembre de 2020 que en abril-mayo del 2021 se debería realizar el proceso de escolarización del curso 2021-2022".

Ha indicado que la supresión de la zona única entre Logroño, Villamediana y Lardero "viene a complicar y dificultar la vida de las familias" y que "seguimos sin entender cuáles son las razones de la zona única cuando la oferta supera a la demanda".

Por ello, Garrido ha pedido conocer "los criterios para establecer los límites de las cuatro zonas escolares de Logroño" y ha asegurado que la "distribución de los centros está desequilibrada" ya que, a modo de ejemplo, en la zona este se concentra el 42 por ciento de la oferta pública y, en la zona sur, el 42 por ciento de la oferta concertada.

Según Garrido, la "definición de las zonas de influencia en una página web modificable no genera la adecuada seguridad jurídica. No ha aclarado a qué zonas de influencia pertenecen áreas de la ciudad donde se ubican multitud de puestos de trabajo, como pueden ser los polígonos industriales".

Con todo ello, la Consejería está creando "problemas donde no los había" y cometiendo un "atentado a la libertad de las familias, tanto de la red pública como de la red concertada".

"Otra manifestación de mala gestión es que no hay ni rastro en el BOR del ratio alumnos-profesor para el curso 21/22 en la educación concertada", ha añadido. Por eso, ha reclamado que "se haga pública ya la orden de ratios mínimos para el curso 2021-2022" para que "los padres y los centros sepan antes de que acabe el proceso de matriculación el número mínimo de estudiantes que deben tener el Segundo Ciclo de Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato".