Nueva ronda de negociaciones para prorrogar los ERTE derivados de la Covid-19. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este lunes que ha convocado a patronal y sindicatos el próximo jueves 6 de mayo para comenzar a discutir la nueva extensión de esta medida, que decae el día 31. Y, de cara a esas conversaciones, los empresarios insisten en que el Gobierno debe suavizar la cláusula que penaliza a las empresas que se hayan acogido a un ERTE y despidan a alguno de sus trabajadores durante los seis meses posteriores a abandonar el expediente.
La que empezará la semana que viene, justo después de las elecciones madrileñas, será la quinta negociación para extender los ERTE, y debe servir para aclarar el marco legal de esos expedientes de cara a la campaña de verano. Patronal y sindicatos mantienen su habitual petición de prorrogar los ERTE hasta fin de año, pero lo más probable es que, como ha hecho en todas las ocasiones, Trabajo apueste por una extensión de tres o cuatro meses.
Más allá de este detalle, sin embargo, no hay ninguna duda de que los ERTE van a mantenerse un tiempo más, y la propia Díaz quiso mandar este lunes "un mensaje de tranquilidad" asegurando que el mecanismo seguirá activo "mientras sea necesario". De hecho, todos los actores coinciden en que los ERTE deben alargarse sí o sí, y además coinciden en que la actual configuración de los mismos ha funcionado bien, por lo que no son necesarios demasiados cambios. El principal escollo gira en torno al despido.
Este ya fue el obstáculo principal que dilató el pasado enero la negociación, habida cuenta de que Gobierno, patronal y sindicatos estaban de acuerdo en mantener inalteradas las principales características de los ERTE pactadas en septiembre. CEOE y Cepyme propusieron que una empresa que se hubiera acogido a un ERTE pudiera despedir trabajadores teniendo que devolver únicamente las ayudas percibidas por ellos, en lugar de tener que reembolsar todas las deducciones.
Trabajo y sindicatos se opusieron frontalmente entonces a suavizar esta cláusula y, finalmente, la patronal -que amenazó con no firmar el acuerdo- retiró su órdago y la prórroga de los ERTE salió adelante con consenso. Pero los empresarios no han abandonado esta aspiración, y fuentes de la CEOE plantean que, "en un escenario como en el que estamos, hay que plantear flexibilidad" a la hora de despedir.
Más claro fue el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a finales de marzo, cuando hizo hincapié en que la nueva prórroga de los ERTE debía eliminar la cláusula que penaliza el despido, al menos en su configuración actual. "Prefiero una compañía con ocho trabajadores que una cerrada con diez", afirmó entonces Garamendi, pese a que, con el actual mecanismo, las empresas que hayan salido de un ERTE sí pueden despedir sin penalización antes de que transcurran seis meses si demuestran estar en riesgo de concurso de acreedores.
Trabajo descarta cambios: "Lo que funciona no se toca"
Díaz, no obstante, no parece estar abierta a modificar la cláusula. "El mecanismo que tenemos ahora diseñado ha funcionado muy bien desde la primera norma a la última", afirmó la ministra de Trabajo este lunes, cuando insistió en que "lo que funciona no se toca". "Volver a abrir un debate sobre el mecanismo que queremos, no: lo que funciona, dejémoslo", zanjó.
La misma posición mantienen CCOO y UGT, que apuestan por mantener el texto prácticamente sin cambios. "No creo que fuera prudente abrir de nuevo la negociación de los ERTE, se genera crispación, y estamos totalmente convencidos de que el Gobierno no se va a plantear eliminar la cláusula de salvaguarda del empleo", consideran fuentes sindicales, que incluso se muestran convencidas de que "en 24 horas podría solventarse la prórroga" si la patronal abandonara su exigencia de suavizar esta penalización.
"Debería solucionarse más rápido que otras veces, no tiene mucho sentido que, si estamos conformes con cómo ha funcionado este acuerdo, tengamos que alargar las negociaciones como hacen las patronales para ver si pueden rascar algo", plantea en la misma línea otro dirigente sindical, que recuerda que "los trabajadores en ERTE están perdiendo el 30% de su salario" y asegura que, en contrapartida, "las empresas tienen que contribuir, y el compromiso que se les pide es el mantenimiento del empleo".
Exenciones de hasta el 100% de la cuota
Con la normativa actualmente vigente, una empresa en ERTE puede disfrutar de exenciones de entre el 75% y el 85% de las cuotas que tiene que pagar por sus trabajadores si no ha podido aún reabrir o devolver a la actividad a la mayor parte de su plantilla. Para ello debe pertenecer a uno de los sectores que se han señalado como especialmente afectado por la pandemia, o demostrar que su facturación depende sensiblemente de uno de estos sectores.
La norma también contempla los conocidos como ERTE "por impedimento" y los ERTE "por limitaciones". Los primeros están destinados a cubrir a las empresas que tengan imposible abrir por las medidas tomadas para contener los rebrotes, como es por ejemplo el caso de algunos hoteles en zonas turísticas, mientras de los segundos pueden beneficiarse aquellas empresas que se ven afectadas por estas restricciones pero que sí pueden mantener al menos una parte de su negocio, como pueden ser los bares perjudicados por limitaciones de aforo u horarios. Las empresas acogidas a los ERTE por impedimento se ven exentas de pagar hasta el 100% de las cuotas de sus trabajadores, si tienen menos de 50 empleados.
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