La Comunidad de Madrid no cederá a la presión de la Delegación del Gobierno en la región, que desde este domingo está pidiendo al Ejecutivo autonómico en funciones que establezca de nuevo el toque de queda nocturno. Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones, Enrique López, que ha justificado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está a favor de limitar la movilidad de miles de madrileños por "unos cientos" de personas que no cumplen las normas. La región exige, además, colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar los incumplimientos y la actualización de la ley de Salud Pública de 1986, como paraguas legal a restricciones tras la finalización del estado de alarma.
Enrique López ha hecho estas declaraciones tras una reunión ordinaria de seguimiento del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam), que lleva activo más de un año por la pandemia de Covid-19, a la que también han asistido la delegada del Gobierno central, Mercedes González, y la responsable de Seguridad en el Ayuntamiento de la capital, Inmaculada Sanz, entre otros representantes públicos. Sobre la mesa se han puesto, de forma inevitable, las imágenes del pasado sábado noche, en las que se vio a cientos de personas incumpliendo las medidas de seguridad más esenciales tras el final del estado de alarma. La preocupación de las autoridades por este asunto es más que significativa: este fin de semana es San Isidro, patrón de la capital, y se temen nuevas aglomeraciones e incumplimientos que podrían empeorar la situación sanitaria.
Precisamente para evitar este preocupante horizonte, la delegada del Gobierno ha pedido al Ejecutivo regional en funciones que sea "valiente" y dicte de nuevo el toque de queda. Es algo que han hecho otras comunidades, aunque no todas han tenido el aval de los tribunales, que son los que tienen la última palabra sobre cualquier restricción tras el decaimiento del estado de alarma.
Mercedes González se ha topado con la negativa de la Comunidad por respuesta. El Gobierno en funciones que preside Isabel Díaz Ayuso sostiene que "la inmensa mayoría de los ciudadanos" cumple las normas y no pueden pagar con la restricción de sus derechos los incumplimientos de una minoría. "Lo que no podemos justificar nunca es una restricción de movilidad para toda la población por el comportamiento irresponsable de unos pocos", ha esgrimido Enrique López. "Lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley", ha agregado, al recordar que prácticas como el botellón, origen de aglomeraciones el pasado fin de semana, ya están prohibidas.
Colaboración de la Policía y una reforma legislativa
Para llevar a cabo estos controles, el responsable de Justicia e Interior autonómico ha exigido a la Delegación del Gobierno refuerzo, colaboración y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que dependen del departamento que dirige Mercedes González, porque Madrid carece de competencias en seguridad ciudadana y no tiene policía autonómica. Lo que se busca es la colaboración entre Policía Nacional, sobre todo, con los cuerpos municipales para controlar los incumplimientos, especialmente los fines de semana.
López ha reconocido que la Consejería de Sanidad estudió el marco de restricciones a mantener a partir del 9 de mayo y continuar con el toque de queda fue uno de los escenarios, aunque con la actual situación epidemiológica los técnicos no lo vieron necesario. Así, optaron por continuar con horarios (0.00 horas para la hostelería, 23.00 horas para el comercio y de 0.00 a 6.00 horas solo esenciales) y aforos limitados y por una serie de recomendaciones, como evitar las reuniones entre no convivientes en domicilios.
Como ha venido haciendo en los últimos meses, el consejero de Justicia madrileño ha vuelto a pedir al Gobierno central que actualice la ley de Salud Pública de 1986 para que sirva de paraguas legal a las comunidades autónomas para adoptar restricciones sin estado de alarma, algo a lo que se comprometió pero finalmente no ha hecho. Al respecto, López ha observado que con la redacción actual se tendrían que restringir derechos fundamentales como la libertad deambulatoria en base "a una línea de texto" de la citada ley orgánica.
"Una línea de una ley del año 1986 no es una ley de calidad suficiente para restringir derechos fundamentales, incluso en una situación de pandemia como la actual", ha reiterado, para instar al Gobierno regional a acometer la reforma legislativa que cambie este extremo.
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