El Gobierno admite que el 70% de los accidentes son en vías secundarias, pero insiste en implantar peajes en autovías

El Gobierno sigue adelante con su plan para implantar peajes en las autovías a partir de 2024, a pesar de reconocer que la siniestralidad en las carreteras secundarias –las únicas que serían completamente gratuitas si prospera esta medida– es mucho más elevada. A preguntas de los periodistas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió este lunes que "el 70% de la siniestralidad se produce en las vías interurbanas".

De acuerdo con datos de la DGT analizados por 20minutos, entre 2013 y 2019 –último ejercicio antes del parón impuesto por la pandemia– hubo unos 83.000 accidentes en autovías y autopistas, frente a 173.000 en carreteras interurbanas. Las vías secundarias, además, concentraron el grueso de las víctimas mortales, con 6.735 fallecidos frente a 2.155. Es decir, que dos tercios de los accidentes y el 75% de las víctimas mortales se registraron en vías secundarias.

Ante la posibilidad de que las autovías pasen a ser de pago –como sucede en al menos 15 países europeos y estudia ya el Gobierno–, los expertos advierten de que la medida provocar un aumento de la siniestralidad vial, ya que se produciría un trasvase de turismos y vehículos pesados desde las autopistas y autovías a las carreteras secundarias, donde el riesgo se multiplica. "Nos preocupa, claro", explica Gema Sánchez, delegada de Stop Accidentes Madrid.

El ministro Marlaska evitó este lunes entrar al fondo de este debate, y preguntado expresamente por ese posible aumento de la siniestralidad, replicó que el Gobierno hace "política de conjunto" y que ya ha adoptado algunas medidas en relación con las carreteras secundarias, como la reducción de la velocidad máxima de 100 a 90 kilómetros por hora. En ese sentido, dijo que en 2019 se redujo un 12% interanual la siniestralidad en carreteras convencionales.

Además, insistió en que los peajes en autovías están en fase de estudio y que la medida sólo se adoptará "cuando no ponga en riesgo el crecimiento" y siempre garantizando que el sistema vial es "equitativo". Por ahora, el Gobierno subraya que no hay ninguna decisión tomada y que buscará el consenso con la oposición y los agentes sociales. En cuanto al coste, los primeros cálculos apuntan a que podría rondar el céntimo por kilómetro recorrido.