La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este lunes que establecer "un pago por uso" en la red de carreteras "no es un impuesto" ni "es fiscalidad", sino una medida que viene "provocada por [el impulso de] la movilidad sostenible" y que "no es una novedad" en la UE, porque "23 países ya la aplican". En ese sentido, argumentó que si España quiere ser "homologable" en la calidad de su Estado de bienestar a la media europea, "no podemos decir a todo que sí menos a lo que implica un esfuerzo, porque entenderá lo que nos responden [los socios europeos]".

La propuesta de introducir nuevos peajes en la red viaria española figura en el plan de reformas pactado con Bruselas a cambio de la llegada de los fondos europeos de reconstrucción. El Gobierno admite en ese documento que la medida -que entraría en vigor en 2024- podría contar con la "oposición" de "los agentes económicos afectados" y asegura que se buscará el "consenso" con la oposición en el Congreso y con los transportistas, que serían los profesionales más afectados por la medida.

El coste de esos peajes podría rondar el céntimo por kilómetro, según las fuentes consultadas por 20minutos que aseguran que no hay ninguna decisión tomada y que ese posible coste está aún por definir. En todo caso, admiten que la cifra de un céntimo por kilómetro encaja mejor con propuestas como la de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) o la de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), que han sugerido un coste de entre tres y cinco céntimos por kilómetro.

Algunas voces han alertado ya de que la imposición de peajes en las autovías podrían provocar un trasvase de usuarios a la red convencional, que concentra una mayor siniestralidad. De acuerdo con datos de la DGT analizados por 20minutos, entre 2013 y 2019 –último ejercicio antes del parón impuesto por la pandemia– hubo unos 83.000 accidentes en autovías y autopistas, frente a 173.000 en carreteras interurbanas. Las vías secundarias, además, concentraron el grueso de las víctimas mortales, con 6.735 fallecidos frente a 2.155.

Este lunes, el ministro Marlaska evitó entrar al fondo de este debate, y preguntado por ese posible aumento de la siniestralidad, replicó que el Gobierno hace "política de conjunto" y que ya ha adoptado algunas medidas en relación con las carreteras secundarias, como la reducción de la velocidad máxima de 100 a 90 kilómetros por hora. En ese sentido, dijo que en 2019 se redujo un 12% interanual la siniestralidad en carreteras convencionales. En todo caso, tuvo que admitir que esas vías concentran el "70% de los accidentes".

En una rueda de prensa en la sede del Ministerio, la titular de Hacienda insistió en que los "parámetros" de esta eventual reforma "no están definidos" y que queda por delante un trabajo de "años" para alcanzar el "consenso político y social" en torno a esta medida, en un diálogo que pilotará el Ministerio de Transportes liderado por José Luis Ábalos. Además, recordó que "existen estudios desde la época del PP" para implantar estos peajes y que es necesario abordar el "problema de mantenimiento" de la red de carreteras.

A preguntas de los periodistas, Montero recalcó que "el tráfico es una parte fundamental de la contaminación", que también provoca "muertes", y argumentó que "tenemos que ser capaces" de "hacer más eficaz el transporte". En ese sentido, sostuvo que la fiscalidad medioambiental "no persigue afán recaudatorio" sino el impulso de un "cambio de conducta" en materia medioambiental o sanitaria.

Montero, por último, criticó que "la derecha plantea la cuestión" de los impuestos "de forma desenfocada" y reclamó abordar esta cuestión con "rigor intelectual". La ministra criticó a "aquellos que todo lo solucionan con el eslogan de la bajada de impuestos" y advirtió de que ello conlleva "una sociedad con un Estado de bienestar prácticamente inexistente" donde no se "quieren combatir desigualdades". "Es legítimo que cada partido tenga su modelo de fiscalidad, pero hay que ser coherente: no se puede defender un Estado mínimo (...) y pedir más dinero para combatir la pandemia", remachó.

Mientras tanto, consideró, el Gobierno "es transparente y honesto", cree en "un Estado del bienestar fuerte", por lo que introducirá medidas fiscales a medida que se fortalezca la recuperación económica para ir cerrando la brecha de recaudación con la media europea -que cifró en 7,7 puntos sobre el PIB- y para "que la clase trabajadora se pueda empoderar como clase media". "Cada uno con su modelo de sociedad", zanjó.